«Tun, tun»: así opera la maquinaria de persecución del chavismo

Eran las cinco de la tarde del pasado 7 de enero cuando un grupo de enmascarados vestidos de negro se bajaron de una camioneta sin placas en el centro de Caracas e interceptaron a en plena calle a Carlos Correa, uno de los defensores de derechos humanos más prominentes de Venezuela.

A Correa se lo llevaron a la fuerza y, hasta el cierre de esta edición, aún no se conocía el paradero del director de la ONG Espacio Público, quien tiene más de 20 años de experiencia luchando por la libertad de expresión en el país vecino.

Mabel Calderín, su esposa, dijo que está muy preocupada por la salud de su pareja, quien sufre hipertensión y cumple un tratamiento por problemas respiratorios. «Tengo derecho a saber dónde está», le dijo a la prensa antes de presentar ante los tribunales un recurso de habeas corpus, pues las autoridades del régimen no se han referido al caso.

Esta detención marca un antes y un después porque si bien hay muchos más activistas detenidos en el país, como Javier Tarazona y Rocío Sanmiguel, Correa es de más alto perfil y el de más larga trayectoria en ser detenido

Con la de Correa se eleva a 75 el número de arrestos de activistas en este año, de acuerdo con un conteo de la ONG Foro Penal que documenta detenciones políticas en Venezuela. Se trata de una cifra que para analistas marca un nuevo hito y agrava el ambiente de incertidumbre y represión que se vive en el país caribeño.

«Esta detención marca un antes y un después porque si bien hay muchos más activistas detenidos en el país, como Javier Tarazona y Rocío Sanmiguel, Correa es de más alto perfil y el de más larga trayectoria en ser detenido», dice Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de la ONG Provea cuando este diario le preguntó sobre el significado de la ola de detenciones en Venezuela.

Lo que está ocurriendo en este 2025 es una deriva autoritaria que arrastra el país desde el 28 de julio de 2024, día de las elecciones presidenciales. Si bien la oposición, con actas en mano, logró demostrar su triunfo, la autoridad electoral controlada por el chavismo proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de las votaciones, pero sin mostrar un escrutinio detallado para avalar su victoria en las urnas.

Esto provocó que el día 29 de julio miles de venezolanos salieran a las calles a protestar contra el régimen, lo que provocó una ola de detenciones que para ese entonces dejó unos 2.400 detenidos y desató una operación arresto de activistas como es el caso Carlos Correa o Rafael Tuderes, el yerno del opositor Edmundo González, quien también fue detenido esta semana por encapuchados en Caracas.

Protestas en Catia contra el resultado de la elección presidencial.

Aunque la Fiscalía dice que 1.500 personas han sido excarceladas hasta la primera semana de enero, Foro Penal denuncia que Venezuela vive una “crisis represiva” marcada por la cifra de presos políticos más alta del siglo XXI y del continente que mantiene a 1.697 personas en prisión (202 mujeres, 162 militares, 1535 civiles y tres adolescentes).

Para Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, lo que ocurrió el 28 de julio rompió el argumento de que el chavismo cuenta con el apoyo electoral de la población, lo que derivó en más persecución para tratar de desactivar las manifestaciones ciudadanas.

«Por el contrario, se decantó por una salida autoritaria, lo que generó persecución y violación de derechos humanos que hace muy difícil para cualquier país democrático justificar lo que ocurre en Venezuela», le explicó a este diario Rodríguez.

En otras palabras, el chavismo tuvo que estrechar su cerco represivo –que perfecciona desde hace años- para permanecer en el poder. «Cree que puede lograrlo mediante la represión, pero en este nuevo periodo Constitucional es difícil que logre un gobierno estable», acotó Lissette González.

«Operación tun tun»: así acecha el aparato represor del chavismo a la oposición, activistas y defensores de derechos humanos

«Tun, tun. ¿Quién es? ¡Gente de paz!», dice un popular villancico venezolano.

Hoy, sin embargo, en Venezuela ya no es una canción que se cante en Navidad. Son las palabras que escuchan los cientos de detenidos en Venezuela cuando funcionarios del régimen tocan a la puerta de sus casas antes de ser detenidos.

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

«Tun, tun. No seas llorón, vas pa’ Tocorón», recitó Maduro en referencia a la «Operación Tun Tun», el nombre con el que el chavismo bautizó la operación del régimen en la que policías, la mayoría de las veces encapuchados, buscan a opositores en sus casas y los sacan a la fuerza sin una orden judicial.

«Van incluso a sacar a la gente de su casa, a quitarle los teléfonos para ver qué tienen en contra del gobierno. Fueron casa por casa tocando la puerta (…) Ya nos da miedo hacer declaración, nos da miedo que nos paren en la calle», contó una ciudadana venezolana frente a los calabozos de la Policía Nacional.

Aunque Diosdado Cabello se refirió por primera vez a esta «táctica» en el año 2017, desde el 28 de julio la «Operación tun tun» se ha convertido en una práctica temida y sistemática.

«Esto es sistemático. Esto es prácticamente una política de Estado y es una política de represión indiscriminada dirigida a cumplir una finalidad muy precisa: neutralizar de manera selectiva a quienes el Gobierno interpreta que lideran las protestas», dijo Gonzalo Himiob, coordinador de la ONG Foro Penal.

Videos difundidos en el marco de la 'operación tun tun' en Venezuela.

Así las cosas, la represión en Venezuela se vive en las calles y también toca a la puerta de los hogares de los opositores y activistas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó todas estas prácticas en Venezuela como “terrorismo de Estado para sembrar miedo y ejercer control sobre la población”.

«Creo que para nadie es secreto que la situación a nivel de derechos humanos en Venezuela es gravísima. La CIDH ha calificado la situación en Venezuela como una situación de terrorismo a Estado, un término que la Comisión no usaba desde la descripción que hizo de las dictaduras del Cono Sur en los años 70», puntualizó a El Tiempo Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés).

A pesar de los múltiples llamados de la comunidad internacional para que el chavismo cese la represión y acceda a una transición pacífica del poder, analistas y ONG prevén un periodo aún más convulso en Venezuela que se agravará tras la posesión de este 10 de enero, cuando Maduro revalidó su permanencia en el cargo hasta el año 2031, consumando su dictadura.

Y es que, de acuerdo con María Pía Alvira, directora del programa América Latina de Civil Rights Defenders, «luego de la juramentación vendrá una nueva estocada contra el espacio cívico y los derechos y libertades en Venezuela».

Para Alvira, el preludio de esta radicalización que se avecina son dos leyes que entrarán en vigor en unas semanas. La primera es la «Ley Anti-ONG», «la cual pretende formalizar la persecución y el control sobre las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil venezolana, al estilo de lo que sucede en Nicaragua».

La otra es la llamada ley Simón Bolívar, «la cual, entre otras cosas, puede llevar a prisión hasta por 30 años e inhabilitar por hasta 60 años a las personas que apoyen sanciones económicas contra el país o sus funcionarios, incluyendo la cobertura de noticias sobre la materia».

Todas estas medidas lo que buscan, en la práctica, es asfixiar completamente a la sociedad civil, que llevan años protestando contra el régimen chavista.