El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la «impunidad generalizada» y la inacción del Estado.
«Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», afirmó Zeid en un comunicado.
La Oficina de Alto Comisionado publicó este su segundo informe a distancia -las autoridades le deniegan el acceso al país- sobre la situación en Venezuela, en el que se denuncian cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias a manos de las fuerzas de seguridad.
Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.
La Fiscalía General registró 505 muertes a manos de las fuerzas de seguridad durante las OLP, que según las fuentes de la Oficina seguían el mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los «criminales» sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
La Fiscalía inició 373 investigaciones de agentes, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna de estas.
Asimismo, el informe documenta la muerte sin investigación de 43 reclusos en una cárcel del Amazonas.
El informe denuncia también la aparente «impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017».
De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal.
De acuerdo con las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido «arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al gobierno».
Además, el informe documenta unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que «en muchos casos puede llegar a constituir tortura».
«El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado, sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela», aseguró Zeid.
«Desde hace años se vienen menoscabando las salvaguardas y los equilibrios institucionales, así como el espacio democrático en Venezuela, lo que deja un escaso margen para hacer rendir cuentas al Estado. La impunidad debe terminar», agregó el responsable.
El texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al gobierno de Venezuela de «ignorar» su dimensión.
Según cifras citadas en el informe, 87% de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, 61,2% se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.