Un grupo de expertos independientes de la ONU instó al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas para remediar las alarmantes condiciones de vida que existen en Venezuela a causa de la crisis política, económica y social.
«Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas», señalaron cuatro relatores especiales de la ONU en un comunicado conjunto.
«Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo», dijeron los relatores sobre el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.
De acuerdo con los expertos, en 2016 más de 50% de la población venezolana vivía en pobreza extrema, cifra que aumentó si se considera que la inflación alcanzó más de 2.400% en 2017.
Los expertos señalaron que una familia venezolana necesitaba ganar a finales del año pasado 63 salarios mínimos para adquirir la canasta básica familiar.
Afirmaron que la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos y que muchas personas están sufriendo desnutrición.
Según los expertos de la ONU, algunas estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1,3 millones de personas y que de media cinco o seis niños mueren cada semana por la falta de alimentos.
Recalcaron además que el desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos en los centros de salud «está provocando muertes que se podrían prevenir».
El grupo de expertos manifestó que la falta de información oficial actualizada en Venezuela sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis, que también afecta al derecho a la vivienda.
«Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolos en la calle», afirman los relatores.
Por todo ello hicieron un llamado a Maduro para que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y que asegure el servicio eléctrico.
«Si hiciera falta, el gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela», enfatizaron.
Por último, agregaron que estas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales suceden en un contexto de debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país.
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