Los restos de al menos 87 personas de la etnia malasit y otras han sido enterrados en un fosa común en las afueras de El Geneina, capital de la región sudanesa de Darfur Occidental tras haber sido asesinados por ordenes aparentes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según evidencias obtenidas por la ONU.
Los pobladores fueron obligados a colocar los cuerpos en la fosa, negando a las víctimas un funeral digno en el cementerio de la localidad, indicó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Las FAR se enfrentan desde el pasado abril con el Ejército sudanés, en un conflicto que tiene sus focos principales en la capital Jartum, y en la región de Darfur, fronteriza con Chad.
La masacre se habría cometido entre el 13 y el 21 de junio y los autores serían miembros de la FAR y milicias que les apoyan en la disputa por el poder que les enfrenta con el Ejército, con el que anteriormente había colaborado en un golpe de Estado que terminó en 2019 con la transición democrática en la que se creía que Sudán estaba embarcado.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, exigió a los líderes de las RSF que detengan estos asesinatos y pongan fin a toda acción destinada a inflamar el odio contra ciertos grupos étnicos.
«Estoy consternado por la falta de respeto en la manera que los muertos, sus familias y comunidades son tratados. Debe haber una investigación completa de estos asesinatos y los autores deben ser sancionados», agregó.
Entre los cadáveres hay siete que corresponden a mujeres y una cantidad igual a niños.
La ONU indicó que cuenta con información creíble que indica que varias de las víctimas murieron en la ola de violencia que siguió al asesinato del gobernador de Darfur Occidental cuando se encontraba detenido por el grupo paramilitar.
Según las indicaciones, varios murieron porque no se les permitió recibir atención médica.
Türk pidió a las FAR y otros grupos asociados a ellos que permitan la recogida de los restos y su evacuación para darles una sepultura adecuada.
Para ello, les pidió también que registren toda la información relativa a las víctimas, incluidas fotografías y su ubicación en la fosa común, con el fin de identificarlas y devolver sus restos a sus familias, y que en caso de que no esté de acuerdo con hacerlo permita que sean trabajadores humanitarios los que cumplan esta tarea.
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