Unos 4,9 millones de personas abandonaron Venezuela, sacudida desde fines de 2015 por una crisis económica y política, dijo este martes la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien deploró que continúe la violencia contra la oposición.
Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el país sudamericano, Bachelet advirtió que continúan los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro contra parlamentarios de la oposición.
La oficina del Alto Comisionado, que cuenta con representantes en Venezuela, documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran.
«Hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, oenegés, y oficinas de medios de comunicación, y desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición», continuó.
«Mi oficina sigue recibiendo testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar en Caracas», agregó.
Bachelet denunció además que continúa la detención arbitraria de líderes sindicales. Manifestó su preocupación por el proyecto de ley que pretende sancionar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reciben fondos del extranjero.
Los venezolanos huyen
Mientras tanto, el número de venezolanos que huye del país no cesa de crecer.
«Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país«, indicó.
Venezuela es objeto de sanciones económicas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca presionar a Maduro. Estas sanciones incluyen un embargo sobre el petróleo, principal recurso del país.
Bachelet criticó una vez más esas medidas: «Preocupan la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea Conviasa, así como las sanciones a la industria petrolera».
«Estas sanciones afectan disminuyendo los recursos del gobierno destinados al gasto social, en momentos en que 2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa«, dijo la ONU.
«A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del control estricto del sector financiero», concluyó.
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