La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó este miércoles su preocupación por el aumento de la presencia de militares en las principales ciudades del país antes de las protestas de este jueves contra el gobierno del presidente Iván Duque.
Alberto Brunori, representante de esa oficina en Colombia, aseguró que, de acuerdo con las normas y los estándares internacionales, la atención a situaciones de disturbios que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, así como el mantenimiento del orden público, son responsabilidad de los cuerpos policiales.
«La Oficina nota con preocupación la expedición en las últimas horas de varios decretos, circulares e instructivos que (comprenden) la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda y el apoyo militar para el control del orden público», agregó.
Desde el lunes, militares del Ejército colombiano con fusiles fueron vistos en varias avenidas de Bogotá, tres días antes de las protestas sociales, lo que causó sorpresa y zozobra en los ciudadanos.
Sin embargo, el gobierno, que el lunes anunció una serie de medidas para mantener el orden el día de las protestas, afirmó que no se trata de una militarización, sino de un apoyo a la policía en sus patrullajes diarios.
En ese sentido, Brunori explicó que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de los disturbios internos. «El entrenamiento, equipamiento y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles», dijo.
En medio de la tensión por la jornada de este jueves, defensores de derechos humanos denunciaron este martes que la policía hizo allanamientos en Bogotá, Medellín y Cali a viviendas de líderes que incentivan las manifestaciones.
Asimismo, policías allanaron el medio digital cultural Cartel Urbano con el argumento de que en sus instalaciones se guardaban explosivos y material impreso para causar desórdenes.
Al respecto, Brunori señaló que la Oficina recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, 5 en Cali y 4 en Medellín a domicilios y oficinas, algunas de ellas de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación.
«Hasta el momento tenemos información de dos detenciones en el marco de estos allanamientos. Estos allanamientos aparentemente provienen de diferentes investigaciones, abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes momentos, y cuya orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas», advirtió.
Los convocantes a las protestas señalaron que el gobierno de Duque prepara un paquetazo de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores. Entre estas, eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo.
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