La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos (ONSA) fijó posición en torno al caso del niño venezolano que falleció de una herida de bala por parte de la Guardia Costera Trinidad y Tobago. En el hecho también salió herida a la madre del menor.
En un comunicado la ONSA catalogó como desproporcionadas las acciones ejecutadas por el buque de guerra «TTS Scarborough» de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en contra de un buque civil venezolano que incursionó en sus aguas territoriales.
Rechazó que el hecho haya dejado como saldo un fallecido, el niño Yaelvis Santoyo de un año, y una persona herida, Darielvis Sarabia, madre del pequeño.
La ONG condenó la acción y expresó sus condolencias a los familiares. Asimismo, exaltó la importancia de que las autoridades venezolanas ejerzan todos los mecanismos para investigar el caso y accionar las responsabilidades correspondientes.
Explicó que en el caso hubo un «uso excesivo de la fuerza» por parte de las autoridades costeras de Trinidad y Tobago.
«El buque de guardacostas es, dentro del marco del Derecho del Mar y el Derecho internacional, buque de guerra. Tiene los símbolos de ese Estado, está armado, tiene funciones jurisdiccionales para el ejercicio de la soberanía. Hay antecedentes en el derecho internacional en cuanto a las responsabilidades que pueden surgir en estos casos, de paso inocente, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza. Tiene que haber una proporcionalidad», detalló Francisco Villarroel Rodríguez, Consultor Jurídico de la organización y especialista en Derecho Marítimo e Internacional en una rueda de prensa.
Acción sistematizada
Asimismo destacó que este no es un caso aislado sino un accionar que se vuelve recurrente.
«Lo que dice el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, no tiene asidero en el derecho internacional. Es una irresponsabilidad, porque ya hay decisiones incluso de la Corte Internacional de Justicia sobre el uso excesivo de la fuerza, que es evidente en este caso. Era un peñero que, incluso en el reporte que hicieron no indican que hayan tenido armas, no tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse, porque su capacidad de maniobra y de propulsión eran muy limitadas frente a la otra embarcación. Esto tiene una responsabilidad internacional que, si no es ahorita, será más tarde», manifestó.
Además, enfatizó que es competencia del Estado venezolano exigir que se abra una investigación y se determinen responsabilidades.
«Que paguen los daños que hayan causado, que si bien no constituye un consuelo para los familiares, sí representa un precedente para evitar que se repitan estas acciones», señaló la ONSA.