La ONG Transparencia Internacional publicó en víspera del Día Internacional de la Mujer un informe que reclama un marco jurídico, formación y denuncia para combatir la sextorsión, de la cual las mujeres son las primeras víctimas.
Las investigaciones realizadas sobre sextorsión o extorsión sexual hallaron que este género de corrupción afecta desproporcionadamente a migrantes y a refugiadas indocumentadas, aunque bien puede afectar tanto a niños, hombres y mujeres.
El informe replicado por Transparencia Venezuela, «Rompiendo el silencio sobre la sextorsión», indica que al menos 1 de cada 5 personas ha experimentado o conoce a alguien que experimentó extorsión sexual. Esto al acceder a los servicios del gobierno en América Latina, Medio Oriente y el Norte de África, citando el Barómetro Global de Corrupción 2019, que destacó por primera vez los datos de sextorsión.
En Venezuela no existen cifras de sextorsión. De hecho, el fenómeno no se encuentra tipificado como delito.
En 2018, Transparencia Venezuela recibió un caso a través de la plataforma de denuncias de corrupción Dilo Aquí. Prestó apoyo a la denunciante para presentarlo ante la Fiscalía. Según el testimonio, de una usuaria del Saime, un presunto funcionario le solicitó una foto desnuda para que le fuera impreso su pasaporte.
Sextorsión: un acto de corrupción que no se discute
La sextorsión es un tipo de corrupción definida en 2008 por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ), indica el informe. Se produce cuando quien, desde un cargo de poder, usa su autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder.
Ocurre tanto en países desarrollados como en las naciones en desarrollo. Además, puede afectar a niños y adultos, generalmente individuos vulnerables.
Este género de corrupción hasta hace poco empezó a discutirse y reconocerse como «un fenómeno distinto de la corrupción o de la violencia de género».
Denuncian que «los sistemas estadísticos carecen de las categorías para registrar los pocos casos que llegan a los tribunales. Además, las quejas han sido mal manejadas». El resultado: las víctimas no han recibido justicia.
«Muchas mujeres inmigrantes y refugiadas indocumentadas son coaccionados por los funcionarios para que paguen un doble soborno – monetaria y sexual – a cambio de comida, agua o refugio. Las mujeres pueden ser amenazadas con ser arrestadas por la policía haciendo demandas similares. Mientras que otras enfrentan sextorsión mientras buscan obtener permiso para un negocio, permiso de trabajo o una vivienda pública», destaca el reporte.
Asimismo, indica que aunque es devastador para los supervivientes/víctimas, la sextorsión tiende a no ser reportada.
Necesidad de un marco jurídico
Rompiendo el silencio sobre la sextorsión resalta que a pesar de las consecuencias dañinas de la sextorsión, muchos marcos jurídicos de lucha contra la corrupción no penalizan explícitamente los actos sexuales coercitivos como formas de soborno, abuso de autoridad o actos corruptos.
En cambio, prevalece la concepción de la corrupción como un delito financiero.
Por otra parte, la sextorsión es difícil de establecer más allá de la duda razonable.
En consecuencia, Transparencia Internacional recomienda elaborar una definición y un marco jurídico para sextorsión que permita la judicialización de casos. Así como la formación jurídica para garantizar que jueces y fiscales conozcan la sextorsión y cómo procesarla.
Además, plantean integrar la sextorsión tanto en la lucha contra la corrupción como en los programas contra la violencia de género para mayor complementariedad.
La crisis humanitaria compleja que enfrentan los venezolanos, como consecuencia del gran patrón de corrupción instaurado en Venezuela en los últimos 20 años, ha empujado a más de cuatro millones de connacionales a dejar el territorio nacional, lo que supondría un alto riesgo de sextorsión para este éxodo masivo.
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