El Consejo de Derechos Humanos de la ONU «debe renovar» el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que investiga en el país posibles violaciones de derechos humanos, afirmaron este lunes 29 organizaciones nacionales e internacionales.
A través de un comunicado, las ONG expresaron que la misión «puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a que este grupo no opera sobre el terreno, sino que lo hace desde fuera del país.
Represión poselectoral
En los días posteriores a las elecciones, se desataron protestas nacionales contra el resultado oficial, que dio la victoria Nicolás Maduro y que la oposición califica de fraudulento, una afirmación que el antichavismo sustenta con 83,5% de las actas electorales que asegura haber recabado través de testigos y miembros de mesa, y que luego publicó en una página web.
Según el gobierno, que insiste en la victoria de Maduro, las actas presentadas por los opositores son «falsas».
Las organizaciones denunciaron «una brutal represión» contra «quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta» tras las elecciones, cuando la Fiscalía registró 25 muertes y más de 2.400 detenidos en protestas, lo que -afirmaron las ONG- hace que la renovación del mandato de la misión «sea más urgente que nunca».
Propósito de la misión de la ONU
Recordaron que el grupo de observación fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 con el objetivo de investigar «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014», incluyendo violencia sexual.
Afirmaron que la misión «fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
«En sus rigurosos informes, identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos», expresaron.
El gobierno ha calificado a la misión de «falsa y vergonzosa» al afirmar que «emite juicios parcializados».
El 19 de septiembre, el grupo presentará su quinto informe ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para extender su mandato, que se ha hecho en dos oportunidades, se requiere una resolución del organismo.
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