El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más destacó este sábado la labor de los defensores de derechos humanos en ese país. Recordaron que ellos sufren «persecución» y han sido despojados de su nacionalidad y propiedades por parte del gobierno que preside Daniel Ortega.
En un mensaje con ocasión de conmemorar el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, el Colectivo elogió el trabajo de los activistas nicaragüenses que durante años han promovido y defendido los diferentes derechos humanos. Esto «a costa incluso de persecución, cárcel, tortura, despojo arbitrario de nacionalidad y robo de sus propiedades».
«Pedimos a la comunidad internacional que continúe atenta a las permanentes violaciones de derechos humanos cometidas a diario por la dictadura que oprime al pueblo de Nicaragua usando el aparato represor de la Policía, jueces y fiscales, para criminalizar a toda aquella persona que levanta su voz contra las injusticias», abogó ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, Costa Rica.
Persecución y privativa de nacionalidad en Nicaragua
La ONG recordó que en febrero excarcelaron y expulsaron de Nicaragua 222 personas. «Estuvieron hasta tres años ilegalmente detenidas en cárceles por órdenes de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, un delito considerado de lesa humanidad».
Semanas después a otros 94 nicaragüenses también se les quitó su nacionalidad. También confiscaron sus propiedades, al igual que los 222 que expulsaron, anotó.
Comparan al «régimen» de Ortega con el de Hitler
«El último régimen que usó esta medida contra sus ciudadanos fue el nazi que lideraba Adolfo Hitler en Alemania», ilustró el Colectivo.
Agregaron que entre los más de 300 desnacionalizadas hay periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, religiosos, feministas, opositores. Además de «decenas de personas comunes que protestaron por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018 luego que policías, paramilitares y hasta soldados del Ejército dispararon contra personas, dejando al menos 355 muertos y más de 4.000 heridos (en las protestas)».
Uno de los casos es el de Vilma Núñez de Escorcia, co-fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización que fue «ilegalmente cerrada en diciembre de 2018 por órdenes de Ortega y Murillo por defender los derechos de los nicaragüenses», continuó.
Núñez también fue víctima de persecución y privativa de su nacionalidad en Nicaragua. Ella se encuentra en Nicaragua sufriendo los atropellos del régimen contra su persona, agregó el colectivo.
Resaltan el caso del obispo Rolando Álvarez
El Colectivo también resaltó el caso del obispo Rolando Álvarez. En febrero pasado lo condenaron a más de 26 años de prisión por negarse a abandonar su país. Además, por delitos considerados traición a la patria.
Según esa ONG, el jerarca ha sido víctima de persecución desde el 2018 «solo por denunciar la represión estatal y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua» en el marco de las protestas que estallaron en ese año.
«Desde agosto de 2022 lo detuvieron ilegalmente y más tarde llevado a la cárcel. El 10 de febrero de este año lo condenaron arbitrariamente a 26 años de prisión. También lo despojaron de su nacionalidad», puntualizó.
Piden apoyo de la comunidad internacional
En ese cotexto, el Colectivo solicitó a «los organismos internacionales y países democráticos que continúen su labor de exigir a la dictadura de Nicaragua el respeto a los derechos humanos, la libertad de los más de 100 presos políticos y volver a la senda democrática».