La Organización de Estados Americanos decidió convertir en oficina permanente su grupo de trabajo para los migrantes y refugiados venezolanos. Esto, ante la magnitud de una diáspora que ya ha llevado a más de cuatro millones de personas a dejar Venezuela.
La decisión se tomó «ante un flujo migratorio sin precedentes que altera las capacidades de los países receptores», explicó este jueves el comisionado de la OEA para este asunto, David Smolansky, en una rueda de prensa en el Consulado de Venezuela en Nueva York.
El grupo de trabajo de la OEA para la migración de Venezuela se creó hace un año por iniciativa del secretario general de la organización, Luis Almagro, con el doble objetivo de elaborar un informe sobre la migración de venezolanos y captar fondos para hacer frente al problema.
Smolansky explicó en un comunicado que a partir de octubre se comenzarán a distribuir un millón de tarjetas de vacunación regional para migrantes y refugiados venezolanos.
Esa medida la acordaron el mes pasado en Cúcuta (Colombia) funcionarios de sanidad de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú y Paraguay.
El ex alcalde también insistió en la necesidad de crear una «tarjeta de identidad regional» en Latinoamérica con el fin de regularizar la situación de dos millones de venezolanos que, calcula, están sin documentación.
Smolansky ya promovió esa medida el pasado junio al presentar el informe de su grupo de trabajo durante la Asamblea General de la OEA.
Del mismo modo que hizo en aquel entonces, el comisionado reiteró este jueves que es «imperativo que a los venezolanos se les otorgue el estatus de refugiados de acuerdo con la Declaración de Cartagena» de 1984.
«Los venezolanos huyen de un conflicto que viola los derechos humanos, (impulsa) la violencia generalizada y altera el orden público», subrayó Smolansky, quien se encuentra en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.
Durante su visita, el comisionado dijo que había solicitado al gobierno de Trinidad y Tobago la liberación de migrantes venezolanos detenidos en ese país, y pedido la cooperación de los Países Bajos para empezar un proceso de registro de «40.000 refugiados» que están en las islas de Aruba y Curazao.