Con un tono ligeramente más moderado que el de hace 12 días, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron este viernes una nueva resolución sobre Venezuela en la que piden la entrega de los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, una revisión independiente de estos y detener las violaciones de los derechos humanos que se vienen presentando, entre otras cosas.
El texto final fue aprobado por «consenso» de los países asistentes a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la sede de la organización internacional en Washington.
El presidente Nicolás Maduro, junto a Elvis Amoroso, presidente del CNE | Getty
«Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: (a) publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y (b) respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral», dice uno de los apartes de la resolución.
Adicionalmente los países, tras declararse preocupados por los informes sobre «serias irregularidades y violencia relacionadas con el proceso electoral», piden que se respete el derecho a reunirse y los derechos políticos y civiles sin represalias» de ningún tipo.
«Respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad».
Asimismo, se hace un llamado a las partes para que se abstengan de acciones que comprometen una salida pacífica de la crisis y a que se protejan y preserven todos los equipos utilizados en el proceso electoral, «incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación».
La resolución, que fue presentada por la delegación de Estados Unidos, pide a las autoridades venezolanas que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en esas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
«La transparencia en este proceso no es un mero requisito de procedimiento. Promueve la confianza de los venezolanos que merecen conocer el verdadero resultado de sus votos, un resultado que refleje su voz colectiva, libre de manipulaciones. La legitimidad del proceso electoral, de hecho, el futuro de Venezuela requiere que la verificación se lleve a cabo sin sesgos y con la máxima integridad. El pueblo venezolano ha demostrado una increíble resistencia ante la adversidad. Han participado pacíficamente en el proceso electoral, y ahora tienen derecho a un proceso que respete su soberanía y honre sus derechos civiles y políticos», dijo el embajador de EE UU, Frank Mora.
El 31 de julio, tres días después de los comicios en Venezuela, el Consejo Permanente se dio cita en Washington para una primera sesión extraordinaria con el fin de analizar la situación.
Países encabezados por Argentina y EE UU presentaron una resolución en la que se le exigía la entrega «inmediata» de las actas y una «verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes», entre otras cosas.
Sin embargo, la resolución terminó fracasando al obtener 17 votos de los 18 que como mínimo se requería para ser aprobada. Otras naciones, entre ellas Colombia, terminaron absteniéndose.
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