Nerviosismo. Eso es lo que han desencadenado las preguntas que vienen haciendo agentes del FBI sobre los capítulos pendientes del escándalo de Odebrecht en Colombia.
Fuentes oficiales aseguran que ya han hablado con al menos 14 personas en las últimas semanas. Además, que tienen claras varias líneas de indagación para establecer si quedaron cabos por amarrar en el pago de los millonarios sobornos que la brasileña entregó para obtener jugosos contratos y aceitar congresistas, funcionarios, particulares y campañas políticas.
Antonio Guerra de la Espriella. Foto: Rodrigo Sepúlveda – Diego Caucayo – Alberto Urrego / Archivo EL TIEMPO
A esas labores de verificación –lideradas por el agente especial Michael Lewandowski–, algunos le atribuyen que después de cinco años, finalmente se conociera esta semana la condena contra Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical).
Tendrá que purgar más de 13 años de prisión por ser uno de los «senadores bulldozer», que le preparaban el terreno a la brasileña para obtener multimillonarios contratos de infraestructura.
Lo cierto es que las indagaciones de los federales también coincidieron con la imputación de cargos contra Daniel García Arizabaleta, por supuestamente haber recibido una coima de 360 millones de pesos, un caso que este diario denunció desde 2020. A García la Fiscalía lo calificó como un «lobista oculto» de Odebrecht
Los cabos sueltos
Leonardo Espinosa, fiscal ad hoc del caso Odebrecht tras impedimiento de Néstor Humberto Martínez. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO
EL TIEMPO investigó y estableció que lo que los federales buscan es identificar a otros posibles «lobistas ocultos» y exfuncionarios que habrían pasado de agache en la investigación y recibido coimas aún por identificar, que pueden terminar con indictment.
“El escándalo estalló en diciembre de 2016 y ya se va a cumplir el ‘estado límite’ del caso para elevar cargos. El caso lo revisan fiscales de Nueva York y agentes del FBI de dos oficinas”, dijo una fuente federal.
Y agregó que si bien se tendrán en cuenta las denuncias del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa –nombrado tras el impedimento del entonces titular, Néstor Humberto Martínez, en varias líneas de investigación– el FBI tiene su propia agenda. El supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos (2014) es uno de los pendientes.
El empresario Andrés Sanmiguel. Foto: Prensa CNE
Por una calamidad doméstica de la juez del caso, se aplazó la audiencia del 23 de marzo para la continuación de la acusación contra Andrés Sanmiguel, Esteban Moreno y David Portilla, vinculados al tema. A los tres se les imputó lavado de activos y enriquecimiento ilícito y la audiencia se reanudará el 8 de abril.
En ese y en otros casos el FBI quiere establecer si los ejecutivos de Odebrecht en Colombia le omitieron información al Departamento de Justicia o colaboraron de manera eficiente, como han venido asegurando.
También se indaga en qué quedaron otros casos, como el proyecto de dragado del río Magdalena a través de Navelena, en donde aparece Valorcom, firma de los Gerlein. Además, las menciones que se hicieron en su momento de los exministros Miguel Peñaloza y Andrés Felipe Arias.
Sobre Navelena, en la condena contra Antonio Guerra la Corte Suprema señaló que este habría movido hilos “para obtener el apalancamiento de la sociedad Afa Vías, interesada en adquirir la participación accionaria de la Constructora Norberto Odebrecht en la Concesionaria Navelena S.A.S.”.
Miguel Peñaloza ha declarado en cuatro ocasiones que no tuvo nada que ver con la vía Ocaña-Gamarra. Foto: Archivo / EL TIEMPO
En cuanto a Peñaloza, EL TIEMPO estableció que, desde 2017, ha declarado en cuatro ocasiones que no tuvo nada que ver con la vía Ocaña-Gamarra y que esta se inició un año después de su salida del gobierno Santos.
Además, que ni siquiera aparecía en el listado de 20 ofertas de iniciativa privada que dejó en un informe cuando fue ministro de Transporte. La investigación de la Procuraduría contra Peñaloza se cerró hace dos años e incluyó un estudio patrimonial.
En el caso de Andrés Felipe Arias, EL TIEMPO estableció que esta semana le llegó una respuesta de la Fiscalía en donde se señala que no tiene proceso o investigación sobre ese tema. Y Arias dice que nunca hizo lobby a favor de Odebrecht y que la reunión a la que asistió en Casa de Nariño con los brasileños fue fortuita y él ya no era ministro.
También se indaga por qué se cayó por segunda vez la imputación contra del exjefe de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, dentro del caso por la Ruta del Sol III.
Y el juicio por la Ruta del Sol II contra Andrade (quien permanece en Estados Unidos) se retomará solo en mayo, luego de que se frenó por unas interceptaciones no fueron agregadas al proceso.
Los US$ 5 millones
Carlos Pólit, excontralor general del Ecuador. Foto: Archivo particular
El ofrecimiento de hasta 5 millones de dólares de recompensa que acaba de hacer el FBI por información que conduzca a quienes recibieron sobornos de las empresas Odebrecht y Braskem S. A. es tan solo otra estrategia para llegar a posible información faltante.
“Buscan a funcionarios de mayor nivel que por acción u omisión hayan podido favorecer a los brasileños”, aseguró la fuente federal. Y agregó que además de Colombia están en la mira Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos y Ecuador.
Hace cinco días, lograron la captura de Carlos Pólit Faggioni, excontralor general de Ecuador que recibió un soborno de 10,1 millones de dólares para no multar a la brasileña y usó el sistema financiero de Estados Unidos para moverlos.
Y el agente del FBI Lewandoski también les ha seguido el rastro a 28 millones de dólares en coimas que se habrían pagado en Panamá.
En el caso colombiano, se ha preguntado por 970 millones de pesos que uno de los ejecutivos de Odebrecht alcanzó a sacar de una cuenta en Colombia cuando ya estaban siendo procesados. Lo que se sabe es que el dinero salió en marzo de 2019.
También se está chequeando la ampliación del principio de oportunidad que se otorgó a Luis Mameri, Luis Bueno y Luis da Rocha, el 29 de julio de 2021.
Ese día, a las 10 de la mañana, el juez 68 penal municipal de control de garantías ordenó la extinción de la acción penal contra los tres extranjeros y el archivo de las diligencias en su contra relacionados con los 6,5 millones de dólares de sobornos vinculados a la Ruta del Sol II.
Y, lo que hasta ahora se sabe es que otro principio de oportunidad que intentan sellar Eder Paolo Ferracuti, Amilton Hideaki Sendai y Marcio Marangoni no ha prosperado.
De hecho, la Fiscalía sigue avanzando en las 14 líneas de investigación, en manos del grupo de tareas especiales de Odebrecht –liderado por fiscales delegados ante la Corte– creada por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, el 3 de marzo de 2020.
Tramo de la Ruta del Sol II. Foto: Archivo Particular
El expediente archivado
El fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, le archivó a Hernández una indagación por señalamientos del fiscal ad hoc sobre la no ejecución de capturas en contra de ejecutivos de Odebrecht Foto: EL TIEMPO
Fiscal Daniel Hernádez está a cargo de casos clave. Foto: Costesía W Radio
Y aunque se ha especulado que el FBI ha citado tanto al fiscal que tuvo en sus manos el caso, Daniel Hernández, y hasta al condenado exsenador Otto Bula, ambos datos son falsos. Lo que sí es cierto es que el fiscal delegado ante la Corte, Julio Ospino, le archivó a Hernández una indagación por señalamientos del fiscal ad hoc sobre la no ejecución de capturas en contra de ejecutivos de Odebrecht.
EL TIEMPO estableció que Hernández documentó que los brasileños habían salido de Colombia desde enero de 2017 y que era ineficaz ejecutar las órdenes de captura. Además, que era inútil solicitar una circular azul de la Interpol para su localización, porque venían contactándolos en Brasil a través del consulado.
Andrés Jiménez asegura que Colombia fue más allá en la investigación por los sobornos de Odebrecht. Foto: Abel Cárdenas
De hecho, en su momento, Andrés Jiménez, fiscal delegado contra las finanzas criminales de la administración de Néstor Humberto Martínez, aseguró que 6 meses después de iniciarse el caso en Colombia, la Fiscalía ya tenía más pruebas de corrupción de las que habían recopilado Brasil y Estados Unidos juntos.
“Para junio de 2017, la justicia extranjera hablaba de coimas en Colombia en dos contratos por 11 millones de dólares, y para esa época la Fiscalía ya había establecido cuatro contratos corruptos: Ruta del Sol, Ocaña-Gamarra, Estabilidad Jurídica y Tunjuelo-Canoas, con pagos ilícitos que sumaban 84.000 millones de pesos”, explicó Jiménez.
Con este panorama, es cuestión de meses para que el FBI, echando mano de la fluida colaboración judicial con la Fiscalía de Barbosa, establezca si hay mérito para pagar la atractiva recompensa de hasta 5 millones de dólares y para abrir indictments en el cierre de uno de los más grandes escándalos de corrupción.
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