Los principales líderes militares de Venezuela han declarado reiteradamente su lealtad a Nicolás Maduro. Pero en los últimos dos años, a medida que la economía se derrumba, las facciones dentro de las fuerzas de seguridad han realizado al menos cinco intentos por derrocar al mandatario.
En un reportaje del diario The New York Times, el medio reseñó que la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo es una indicación de cómo el asediado gobierno de Maduro se ha convertido en un brutal aparato de represión contra sus propios militares, en un esfuerzo sin restricciones por mantener el control de las fuerzas armadas, y a través de ellas, del Estado.
Manuel Cristopher Figuera, ex jefe de Inteligencia, declaró que el abuso contra los oficiales militares ha aumentado porque representan una amenaza real para el régimen madurista.
En el artículo del NYT señalan que una semana después de que las fuerzas de inteligencia de Venezuela detuvieron a Acosta Arévalo, el capitán apareció en un tribunal militar en una silla de ruedas y mostraba signos de tortura.
Acosta Arévalo fue enterrado tres semanas después de su muerte en contra de los deseos de su esposa, rodeado de guardias de seguridad. Los cinco miembros de la familia a los que se les permitió asistir no pudieron verlo. El capitán sufrió traumatismos y descargas eléctricas, de acuerdo con las partes filtradas del informe de su autopsia.
En cifras
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia indicó que en el país hay 217 oficiales activos y retirados detenidos en las cárceles venezolanas. Señala que también ha documentado 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad contra oficiales militares, sus familiares y activistas de la oposición desde 2017.
“Cuanto más débil es el gobierno, más fuerte es la tortura contra las personas que considera peligrosas», dijo Ana Leonor Acosta, abogada de la coalición.
Las Naciones Unidas calculan que 4 millones de venezolanos han huido del deterioro de las condiciones de vida de Venezuela. Si bien Maduro ha tratado de garantizar la lealtad de los altos mandos militares con promociones y contratos lucrativos, los oficiales de rango medio y bajo y sus familias se ven cada vez más afectados por la crisis.