La Alcaldía de Nueva York ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo de la ciudad que modifique o suspenda temporalmente una ley de 1981 que le obliga a dar techo a cualquier persona que lo solicite para responder así a la crisis migratoria que ha atraído a la ciudad a 122.700 inmigrantes en un año y medio.
La petición de la Alcaldía coincide con un viaje que el alcalde Eric Adams hizo este miércoles a cuatro países latinoamericanos -México, Ecuador, Colombia y Panamá- para contrarrestar las campañas que prometen todo tipo de ventajas a quienes viajen a Nueva York: «Solo queremos darles una narrativa real de que los albergues están llenos y que no encontrarán empleo automáticamente», afirmó ayer Adams.
El departamento legal de la alcaldía introdujo anoche una nueva moción al tribunal en la que argumenta que Nueva York ha hecho más que ninguna otra ciudad en los últimos 18 meses para responder a esta crisis humanitaria, pero el rumbo explosivo de nuevas entradas en los (servicios de) cuidados de la ciudad no muestra signos de flaquear.
«Hay una percepción global de que (la ley de 1981) amplía a todo el planeta un derecho general a obtener un alojamiento provisto por la ciudad», señala la moción, que se queja de que la entrada de inmigrantes responde a «fuerzas que se originan por completo fuera de la ciudad y mayormente fuera de Estados Unidos».
De los inmigrantes llegados a Nueva York en este año y medio una gran mayoría son latinoamericanos -principalmente venezolanos-, pero en los últimos meses también se ha detectado el arribo de cientos de personas de África del Oeste (Mauritania, Senegal o Mali), además de lugares tan remotos como Pakistán o Bangladesh.
La llegada masiva de inmigrantes ha costado a la ciudad 2.100 millones de dólares y está «consumiendo la capacidad de la ciudad de afrontar otros problemas urgentes», pues va a propiciar recortes en otras partidas que pueden llegar hasta 15% en los próximos 6 meses.
Además, la obligada apertura de todo tipo de alojamientos para los recién llegados está creando «resistencias violentas a la creación de nuevos albergues», mientras que otros condados del mismo estado de Nueva York también oponen a su vez «una feroz resistencia» a hacerse cargo del problema.
En resumidas cuentas, la Alcaldía recuerda que la ley de 1981 apareció en un momento en que las circunstancias eran radicalmente diferentes y pide por ello su modificación o suspensión temporal, pero no su eliminación, precisa el texto.
La Alcaldía ya ha solicitado en dos ocasiones anteriores (en mayo y en julio) una medida similar al mismo tribunal, que hasta el momento no se ha pronunciado, pero con el paso de los meses la crisis migratoria no ha hecho sino agravarse, con solo tímidos intentos de los gobiernos estatal o federal por intervenir en auxilio de la ciudad, que no han servido para reducir el flujo migratorio.