La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó este lunes de la puesta en marcha de una medida bajo la ley federal para ofrecer protección temporal contra las represalias y la eventual deportación a trabajadores indocumentados que denuncien a sus empleadores.
Es un proceso en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo cooperan para garantizar la igualdad de derechos a los trabajadores. Los empleados temen denunciar algo relativo a su empleo debido a su estatus legal, indicó Hochul en un comunicado.
En enero, el DHS publicó una guía sobre este nuevo proceso para que trabajadores migrantes obtengan protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo si están involucrados en una disputa laboral, tras evaluar cada caso individualmente.
Esa protección es una «acción diferida», que estará vigente por dos años en los que la agencia de Seguridad Nacional se compromete a no solicitar la deportación del trabajador involucrado en la investigación. El permiso puede renovarse si la investigación se prolonga.
«Esta importante asociación con el Departamento de Seguridad Nacional no solo ayudará a proteger la integridad de nuestras investigaciones laborales, sino también la seguridad de los trabajadores vulnerables», señaló la gobernadora.
«Continuaremos trabajando con nuestros socios locales, estadales y federales para garantizar que todos los trabajadores disfruten de su derecho a la equidad y la seguridad en el lugar de trabajo, independientemente de su estado migratorio», afirmó.
Proceso para indocumentados
Una vez que se abra una investigación, los trabajadores, su portavoz o abogado deben presentar una solicitud al Departamento del Trabajo para que respalde y otorgue la acción diferida y hacer el reclamo a Seguridad Nacional.
El Departamento del Trabajo tiene que informar al DHS de que está investigando el conflicto y que necesita que el o los trabajadores estén protegidos contra la deportación para que puedan colaborar con el proceso.
«El miedo a las represalias paraliza a cualquier trabajador, pero es especialmente terrible para los inmigrantes. En el Departamento de Trabajo investigamos todas las denuncias, independientemente del estado migratorio», recordó en el comunicado conjunto Roberta Reardon, comisionada del Departamento del Trabajo del estado.