En los tres meses que van desde que asumió el cargo como nueva directora para las Américas en Human Rights Watch (HRW), la colombiana Juanita Goebertus no se ha bajado de un avión. Primero rumbo a Brasil, luego México y más recientemente a Europa y Estados Unidos para hablar sobre los enormes problemas que aquejan a la región.
Si bien estos desafíos no son nuevos, su mandato al frente de esta prestigiosa institución en reemplazo de José Miguel Vivanco coindice con un marcado deterioro de la democracia en la región y agudas crisis que atraviesan a varios países del Hemisferio.
En entrevista exclusiva para el Grupo Diarios América (GDA), la abogada y politóloga hace una radiografía de los retos para el continente, plantea soluciones y, de paso, lanza fuertes dardos contra Washington por su «doble rasero» o lo que ella califica como «falta de interés» hacia América Latina.
—Entiendo que acaba de volver de un viaje de casi un mes por EE UU y Europa. ¿Qué objetivo tenía?
—En Washington, en particular, tuvimos reuniones con la administración del presidente Joe Biden, el Congreso, miembros de la sociedad civil, centros de pensamiento y otros actores. Los encuentros estuvieron centrados en tres objetivos. En primer lugar, tener una conversación sobre los diálogos entre la oposición y el régimen venezolano, muy en los términos de la carta que le acabamos de mandar al presidente Gustavo Petro sobre la importancia de una salida negociada, pero que garantice que sobre la mesa esté el tema de derechos humanos, la liberación de presos políticos, garantías de investigación y judicialización de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ya han sido calificadas por Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad, y garantías para que haya elecciones libres en este país. También tratamos el tema del surgimiento del autoritarismo en la región, particularmente en El Salvador, que nos preocupa muchísimo; Brasil, donde había alarma por la posibilidad de que Bolsonaro desconociera los resultados electorales; y el caso de México, donde estamos viendo que las decisiones del presidente Manuel Andrés López Obrador apuntan a la militarización, mientras hay persecución de periodistas y cierre de los espacios cívicos, entre otras cosas.
—Usted y HRW han dejado clara su preocupación por la consolidación de regímenes autoritarios en la región y el deterioro de la democracia. ¿Qué causas le atribuye y qué se puede hacer para corregir esa trayectoria?
—Lo que hemos visto es una tendencia, que no es idéntica en todos los países, del crecimiento y ampliación de poderes de regímenes autoritarios tanto de derecha como de izquierda donde el eje común es una pérdida dramática de la confianza en la democracia, en los partidos, en el estado de derecho y en las instituciones. De alguna manera, la sociedad siente que ha habido un rompimiento del contrato social y creen que los regímenes democráticos no prevén bienestar y eso ha creado un clima de polarización en América Latina que se suma a deudas históricas como, la pobreza y la desigualdad, ser una de las regiones más violentas e inseguras del mundo y el fracaso en la lucha contra la corrupción. Y a eso se añade el avance de la deforestación y de una crisis migratoria ascendente. En ese contexto de enorme frustración, regímenes autoritarios que supuestamente se erigen en contra de este fracaso de gobiernos anteriores, ofrecen ser la solución. Y la ciudadanía, en algunos casos, acepta ceder en sus derechos. Pero lo que vemos es que esos problemas, en vez de atenderlos es que surgen nuevos tipos de violaciones a los derechos humanos.
—Eso como diagnóstico, pero ¿cuál es, según HRW, la solución?
—Hay que enfocarse en fortalecer a la sociedad civil, organizaciones de mujeres, indígenas, defensores de DD. HH., que sin importar ideologías están levantando la voz y resistiendo por sus derechos. Allí está la esperanza para bloquear este tipo de regímenes. Hay que concentrarse no solo en documentar sus efectos, como torturas o desapariciones, sino también las causas. Necesitamos investigación rigurosa sobre temas de corrupción, sobre la insatisfacción de derechos económicos y sociales y las dinámicas de inseguridad que nos permitan actuar a tiempo. Es crítico que seamos vehementes frente a las violaciones, sean de izquierda o derecha, porque le hace mucho daño a la región ver por un solo ojo. Creo que es fundamental un movimiento de derechos humanos que esté concentrado en las violaciones sin importar la ideología. A la larga, también pienso que tanto en el caso de las tres dictaduras de la región (Nicaragua, Venezuela y Cuba), como los regímenes autoritarios en proceso de consolidación, vamos a necesitar procesos de negociación para buscar mecanismos de transición a la democracia porque, de lo contrario, se van a atrincherar de manera indefinida.
A propósito del encuentro de hoy entre Petro y Maduro, les invito a escuchar mi entrevista en @BluRadioCo sobre el rol de Colombia para contribuir a frenar las violaciones a los DDHH en Venezuela y promover el restablecimiento del Estado de Derecho.
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— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) November 1, 2022
—Tras varios años de presión internacional contra el régimen de Maduro, la marea parece estar cambiando. Varios gobiernos, recientemente el de Colombia, han restablecido relaciones citando razones pragmáticas como el comercio o la seguridad fronteriza. ¿Cómo evalúan HRW esa tendencia hacia la normalización?
—En la carta que le enviamos a Petro reconocemos que retomar la relación bilateral es fundamental para la protección de los derechos humanos. Pero, eso no puede ser a costa de desconocer las gravísimas violaciones que han ocurrido. No se nos puede olvidar que hay casi 250 presos políticos, que entre 2016 y 2019 este régimen mató a más de 19.000 personas que murieron en resistencia a la autoridad, que persigue a la oposición a través de la restricción del derecho y la inhabilitación de candidatos y que, como documentó la misión de la ONU, quienes están incursos en estos crímenes son Maduro y su más estrecho círculo. Poner la lupa sobre esto y que haya sanciones frente a ello en cualquier salida negociada es fundamental. Hay que asegurar que un proceso de negociación permita pactar alivios humanitarios para la población y garantías concretas para que sea posible que las próximas elecciones tengan un mayor grado de transparencia y de respeto al derecho al voto.
—Esas son las aspiraciones, pero qué deben hacer otros países, especialmente EE UU, como actor clave, para que se cumplan? Porque si algo está claro es que Maduro está atornillado en el poder y tiene poco interés en ceder…
—Nuestro eje son las violaciones a los derechos humanos e investigarlas. Pero también lograr cambios para que no se sigan cometiendo. En ese sentido, una negociación seria sobre el restablecimiento del Estado de Derecho puede conducir a eso. Para que suceda, las partes involucradas deben asegurar que el régimen de pasos que vayan en esta dirección. Sería un error que EE UU levante las sanciones personales o permita la reactivación de la producción de petróleo sin condicionarlo a que haya avances concretos en la mesa de negociación, pactos concretos que garanticen la liberación de presos, alivios humanitarios o medidas de transparencia electoral. Lo mismo pasa en el caso de Colombia. Es fundamental que dé pasos para exigir que cualquiera de los mecanismos para reactivar la cooperación militar, consular o comercial esté asociados a la protección de los DD. HH. y a un proceso de transición hacia el restablecimiento del estado de derecho.
«No se nos puede olvidar que hay casi 250 presos políticos, que entre 2016 y 2019 este régimen mató a más de 19.000 personas que murieron en resistencia a la autoridad, que persigue a la oposición a través de la restricción del derecho y la inhabilitación de candidatos y que, como documentó la misión de la ONU, quienes están incursos en estos crímenes son Maduro y su más estrecho círculo», indicó Juanita Goebertus directora de la división de las Américas de Human Rights Watch. Foto: Sergio Acero Yate/ El Tiempo
—En Brasil, si bien Lula terminó ganando las elecciones presidenciales, el debate se centró en si Bolsonaro reconocería su derrota que, sumado al cuestionamiento de los resultados y del sistema electoral vivido por Trump en EE. UU., parece que se está convirtiendo en una tendencia de la política regional. ¿Qué tan preocupante lo ve?
—Bolsonaro se dedicó durante años a atacar el sistema electoral a pesar de que él fue electo cinco veces al Senado con ese mismo sistema y a la presidencia en 2018. Lo que hizo, a través de la desinformación, fue atacar la legitimidad del proceso para luego poder decir que no tenían otra opción que desconocer. Por fortuna, y a pesar de que este fue un período electoral supremamente violento, tuvimos una primera y segunda vuelta pacíficas y una autoridades electorales y judiciales que de manera rápida tomaron decisiones, no solo para reconocer los resultados, sino para tomar medidas como la restricción al porte de armas. Si bien Bolsonaro no ha reconocido de manera clara el triunfo de Lula (pero sí el proceso de transición), eso permitió que el mundo entero reconociera los resultados. Eso demuestra que incluso en países con líderes como Bolsonaro, donde siguiendo el libreto de Trump se puso en jaque a la democracia, cuando hay instituciones electorales y judiciales fuertes es posible ponerle freno a ese proceso de deterioro. El camino por delante es duro. El presidente electo tendrá que enfrentarse a un país polarizado y, en gran medida, su legitimidad dependerá de que pueda revertir las restricciones a derechos que puso en marcha su antecesor, pero también que sea capaz de enfrentar los serios cuestionamientos que hay en la lucha contra la corrupción, de protección de la Amazonia y la transición energética, entre otros.
—Estamos a dos días de las elecciones legislativas de EE UU y todo indica que los republicanos van a recuperar el control del Congreso. Muchos candidatos niegan los resultados electorales de 2020, defienden ideas que rayan en la conspiración y hasta promueven cambios que afectarían los derechos humanos de millones. ¿Qué dice eso del estado de la democracia en EE. UU.? ¿No pierde Washington voz y credibilidad en la región y el mundo a la hora de defender la democracia cuando la suya está en veremos?
—Es un fenómeno complejo. Si bien en el pasado EE UU ha tenido políticas contradictorias frente a América Latina y momentos de luz y oscuridad, hoy día estamos ante una situación muy difícil. Estados Unidos está tan concentrado en sus propios problemas domésticos que cada vez tiene menos interés en participar de las conversaciones claves para la región. Y esto va de la mano de una tendencia hacia el aislamiento que no solo veremos en el partido republicano sino en sectores de los demócratas. Paralelamente, cada vez más estos regímenes autoritarios tienen menos interés en respetar lo que dice Washington, que perdió influencia y dejó espacio para la penetración de Rusia y China y para que estos mismos regímenes se alineen para bajar los estándares democráticos y de derechos humanos.
—En ese sentido, ¿cómo evaluaría el papel de Biden en estos dos años que lleva en la Casa Blanca?
—Hay que reconocer que hubo un cambio de discurso frente a Trump, por ejemplo, en el tema migratorio. Un discurso más alineado con los derechos humanos y las garantías al Estado de derecho tanto en EE UU como en la región. Sin embargo, yo estoy convencida de que las limitaciones domésticas y la puja tan fuerte por el poder electoral y el cuestionamiento de los resultados que existe no permite que eso se traduzca en cambios en la política pública. El mejor ejemplo es el migratorio donde hoy, pese al cambio de discurso, seguimos viendo pactos para que exista una tercerización de la política en la que México frena el paso de migrantes para evitar que lleguen a la frontera.
—El nuevo gobierno de Gustavo Petro en Colombia busca negociar con el ELN, disidencias y otros grupos criminales para lograr la llamada Paz total. ¿Qué opina de esa decisión?
—Al presidente Petro le mandamos otra carta en la que destacamos el compromiso frente a la política de paz pero con tres recomendaciones. Lo primero, es la importancia de la implementación del acuerdo de paz incluyendo implementar a fondo los programas de desarrollo con enfoque territorial que en últimas tienen que ver con garantías de no repetición y las condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe en términos de falta de educación rural, salud, vías terciarias para sacar productos. Y eso incluye cumplir con el estándar que se pactó en materia de la Jurisdicción Especial de Paz para que los máximos responsables de grupos armados que son parte del conflicto no puedan obtener penas más bajas que las establecidas en los acuerdos. El segundo punto fue insistir en la importancia de una política de seguridad territorial para la protección de los ciudadanos que habitan estas zonas y donde se ha incrementado la violencia. Sin ella va a ser difícil que la Paz total sea exitosa. Y lo tercero es una recomendación en materia de caracterización. En derecho internacional no es lo mismo una parte en el conflicto armado que una organización criminal y nos preocupa que en algunas declaraciones se manda la señal de que algunos de estos grupos armados podrían ser beneficiarios de los mecanismos de justicia transicional. No se puede olvidar que muchos de estos grupos son los responsables de la oleada de homicidios de líderes sociales. Si bien es posible generar mecanismos de sometimiento a la justicia son distintos a los que existen para la justicia transicional.
En entrevista exclusiva para el Grupo Diarios América (GDA), la abogada y politóloga hace una radiografía de los retos para el continente, plantea soluciones y, de paso, lanza fuertes dardos contra Washington por su «doble rasero» o lo que ella califica como «falta de interés» hacia América Latina. Foto: Sergio Acero Yate/ El Tiempo
—¿Cómo califican ustedes los acercamientos con las disidencias y sus líderes?
—Aquí hay que hacer una aclaración. En Colombia se mezclan varios tipos de grupos. Una cosa es lo que se conoce como Segunda Marquetalia, que ha estado conformado por personas que hicieron parte del proceso de paz del 2016, pero que lo incumplieron. Nuestra posición es que estas personas no pueden ser parte de nuevos beneficios porque justamente incumplieron las reglas claras de renunciar al uso de la violencia, desarmarse y contribuir a la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de un tratamiento penal especial. Cosa distinta son facciones de las FARC que nunca se sometieron a las negociaciones y que bajo el estándar del derecho internacional humanitario podrían ser parte del conflicto armado y podría existir una conversación con un efecto de justicia transicional.
—En México, HRW cuestionó el autoritarismo de López Obrador y la militarización de ese país bajo su mandato. ¿No le sorprende el silencio de actores claves como EE UU y otros en la región?
—Nos preocupa muchísimo. Es evidente que EE UU ha manejado un doble rasero guardando silencio frente a los ataques de López Obrador a la rama judicial, a los periodistas, a la forma como ha usado la justicia para perseguir a opositores o la manera como rótula de enemigos a miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos y ataca el sistema electoral. A pesar de la gravedad de este tipo de derivo autoritario, que se suma al proceso de militarización, EE UU mira para otro lado. La preocupación de la sociedad civil es que si México está dispuesto a asumir esta política de tercerización en la migración para evitar que lleguen a la frontera, entonces ellos guardan silencio. Otro escenario que prueba la pérdida de relevancia de EE UU en la región.
—Ustedes, junto con otras organizaciones y gobiernos, han sido muy críticos frente al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador por los graves abusos a los derechos humanos y quebrantos al sistema democrático que ha efectuado. Sin embargo, Bukele es inmensamente popular en su país con más del 80 por ciento de respaldo popular. ¿Cómo explica eso?
—Lo de El Salvador produce mucha alarma. Creemos que hoy es probablemente el proceso más acelerado hacia el autoritarismo en el continente. Lo que estamos viendo es que en el curso de tres años, Bukele ha logrado hacer lo que al chavismo le tomó una década. Ha encarcelado a más de 55.000 personas. Hemos documentado torturas, asesinatos y ausencia del debido proceso y quizá más grave hemos documentado un sistema de cuotas dentro de la Policía donde el objetivo es capturar a la mayor cantidad de personas independientemente de si están vinculadas o no con pandillas. Además, ha tomado la decisión de destituir a miembros de la Corte Suprema, cambiarlos por personas afines a su visión política y cambiar la constitución para buscar la reelección. Estamos de cara al perfecto manual de un autoritario latinoamericano y, tristemente, ante una ciudadanía que hoy está dispuesta a que se le restrinjan sus derechos simplemente porque siente que en el pasado la democracia no le dio más seguridad, mejores condiciones económicas ni resultados contra la impunidad. El mundo debería poner los ojos sobre El Salvador si no queremos tener una cuarta dictadura en la región.
—Haití está otra vez en crisis y su gobierno hasta pide la intervención de la ONU. Pero van varias décadas de ayuda y esfuerzos internacionales y nada parece funcionar… ¿Por qué todo falla?
—El caso de Haití es quizá el más dramático y triste de toda América Latina. Un colapso absoluto de todo el estado, un control total de las pandillas que tiene sometida a la ciudadanía, un creciente número de migrantes que está agravando la crisis migratoria en la región y la reciente crisis de salud con la expansión del cólera. La intervención internacional no ha sido efectiva a pesar de la inversión de millones y millones de dólares. Lo peor de todo es que ha crecido la percepción de que en Haití ya nada puede hacerse. Pero no nos podemos permitir eso. Haití debe ser una prioridad. Los países de la región deben unir esfuerzos para recuperar algún sentido de institucionalidad que le dé salida a esta crisis.
—¿Cuál cree que es el principal mensaje de la derrota del referendo constitucional en Chile?
—A pesar de que Chile se encuentra en un momento difícil, ha logrado ser ejemplo de institucionalidad para el continente. Así como tramitó las protestas del 2019 en un proceso constituyente, ha sido capaz de reconocer un resultado adverso al Gobierno y canalizarlo a través de una negociación en el Congreso entre los diversos partidos. Eso es un mensaje muy importante para una región que enfrenta una crisis en sus democracias. En gran medida, el rechazo ganó por complejidades en la redacción de algunos contenidos, porque tristemente hay todavía una xenofobia muy grande frente a poblaciones indígenas y porque se entendió como un acto de aprobación o desaprobación del gobierno de Gabriel Boric y no sobre el texto mismo. La forma de resolverlo que han planteado el Gobierno y los partidos, de reestructurar un nuevo proceso constituyente, es el camino correcto para Chile.
—China, señalado por sus constantes violaciones a los derechos humanos y régimen antidemocrático, es el principal socio comercial de América Latina. Da la impresión que cuando hay plata de por medio los gobiernos miran para otro lado. ¿Cree que es así?
—La falta de atención de EE UU ha permitido que China tenga más acceso a América Latina. Los chinos en muchos casos han sido pragmáticos porque no imponen condiciones sino que se muestran dispuestos a hacer inversiones y eso le conviene muchísimo a regímenes autoritarios que no sólo no condenan sus gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que están muy cómodos con que China no los quiera criticar a ellos. Hay que hacer un llamado a los gobiernos de EE UU y Europa para que entiendan que es fundamental tener una relación activa con América Latina basada en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado de derecho.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Para GDA
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