Un juez colombiano ha permitido que Nicolás Petro, hijo del presidente del país, y su exesposa Daysuris Vásquez, obtengan la libertad condicional durante el proceso que investiga los posibles delito de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito que salpican al gobierno del exguerrillero izquierdista que ahora gobierna el país.
La medida de la Justicia responde a la negociación que se está llevando a cabo con Nicolás Petro para favorecer su colaboración. Así, el hijo de Gustavo Petro aseguró durante su declaración que habría empleado parte del dinero procedente del narcotráfico, y de otras fuentes igualmente ilícitas, para empujar la campaña electoral de su padre.
El juez ha decidido que los imputados no puedan salir del país ni tampoco «del ámbito donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla». Como parte del acuerdo de colaboración, el hijo del presidente se había comprometido a renunciar a su cargo de diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico.
Pese a obtener la libertad condicional, el abogado principal de Nicolás Petro, José David Teleki, asegura que la vida de su defendido corre peligro porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre y por eso prefiere el arresto domiciliario.
Crisis política
Mientras tanto, el presidente colombiano se enfrenta como puede a un escándalo mayúsculo. Gustavo Petro niega cualquier relación con las actividades ilícitas de su hijo y ha llegado a asegurar que el «nunca les pidió delinquir». Sus compañeros de partido han optado por criticar a la Justicia y señalan al fiscal Mario Burgos. Consideran que «no ha sido demostrado» que el antiguo guerrillero usase ese dinero ilícito.
La oposición, por su parte, carga duramente contra el presidente y llama a la movilización en las calles para exigir su dimisión.