Martinelli
El expresidente de panamá Ricardo Martinelli.| Foto: Roberto Cisneros / AFP

Nicaragua concedió este miércoles asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, días después de que este perdiera el último recurso para anular una condena de casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales.

Martinelli «solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá, por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo», dice una nota enviada por la Cancillería de Managua a Panamá, que agrega que el gobierno de Daniel Ortega decidió otorgárselo.

La nota, leída en Managua a la prensa por la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, pide a las autoridades panameñas «brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua».

El exmandatario derechista (2009-2014) había iniciado el sábado su campaña para las elecciones presidenciales del 5 de mayo, un día después de que la Corte Suprema publicó el fallo que rechazaba su último recurso judicial para anular la condena de cárcel.

Managua ha concedido asilo a otros expresidentes y altos funcionarios centroamericanos que enfrentan problemas con la justicia, entre ellos los exmandatarios izquierdistas salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Luego del fallo de la máxima corte, el Tribunal Electoral debe formalizar su marginación de la contienda electoral. La condena de Martinelli debía quedar firme este viernes, con lo que la justicia panameña podía ordenar su detención.

Martinelli, de 71 años de edad, fue condenado en julio a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.

El fallo de primera instancia fue ratificado en octubre por un tribunal de apelaciones, luego de lo cual Martinelli presentó un último recurso de casación para intentar anular la sentencia.

Desde entonces el expresidente y dueño de una cadena de supermercados presentó sucesivos recursos de amparo, en un aparente intento de retrasar el fallo definitivo de la Corte Suprema hasta después de los comicios, pero todos fueron rechazados.

«Magistrados de pacotilla»

A pesar de sus líos judiciales, Martinelli es hasta ahora muy popular en Panamá, según las encuestas. Otros postulantes a los comicios de mayo son el exmandatario Martín Torrijos (2004-2009) y el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, ambos socialdemócratas.

Martinelli es líder del partido Realizando Metas (RM, las iniciales de su nombre), cuyo candidato a vicepresidente es su exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.

Ambos eran candidatos de la «Alianza para salvar a Panamá», que conforman RM y el Partido Alianza, que se define como nacionalista y liberal.

Martinelli calificó el fallo de la Corte Suprema como una «jugada salvaje e ilegal de último momento» para sacarlo de la carrera electoral dictado por «magistrados de pacotilla».

Pidió a sus seguidores que apoyen a su compañero de fórmula José Raúl Mulino si finalmente es inhabilitado como candidato a la presidencia por el Tribunal Electoral

Compra de editorial

Martinelli fue juzgado por comprar en 2010, mientras era presidente, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América con dinero proveniente del cobro de comisiones en obras de infraestructura.

Para esa adquisición se utilizó una parte de los 43,9 millones de dólares que empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades provenientes del pago de sobornos, hasta 10% del monto de los contratos originales en obras públicas, según la justicia.

Por este caso, conocido como New Business por el nombre de una de las sociedades utilizadas en la trama, el exmandatario fue juzgado del 23 de mayo al 2 de junio de 2023 y el fallo fue dictado en julio.

El expresidente enfrentará otro juicio en julio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, cumplieron dos años y medio de prisión en Estados Unidos por el cobro de comisiones a Odebrecht.


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