En Venezuela existen las condiciones necesarias para aplicar el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de la ONU, mejor conocido como el protocolo de Minnesota, con el fin de investigar el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el sábado 29 de junio mientras se encontraba bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
El protocolo de Minnesota, documento elaborado en 1991 y adoptado por la Organización de Naciones Unidas, presenta una norma universal para investigar las muertes que se originaron en desapariciones forzosas y si son producto de la actuación de los agentes del Estado, así lo explicó el analista internacional Eloy Torres Román.
Torres Román indicó que ante la necesidad de técnicas forenses que ayuden a revelar los elementos presentes en dichas muertes y los intentos por ocultar las condiciones en las que sucedieron las desapariciones, el protocolo de Minnesota establece exámenes y métodos científicos independientes del Estado en el que ocurrió el hecho, los cuales deben ser realizados por la comunidad internacional.
Además, con el procedimiento se busca determinar las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades de algún país, si la persona fallecida sufrió torturas o maltratos físicos y cuál fue la causa que provocó el deceso.
El analista internacional recordó que durante mucho tiempo Venezuela fue participe directa en la aprobación de mecanismos para ayudar a erradicar las prácticas que vulneran los derechos universales de la ciudadanía, tales como las torturas. Sin embargo, aseguró que, lamentablemente, Venezuela se ha convertido en objeto de observación mundial y por parte de las instituciones internacionales encargadas de investigar a determinados gobiernos que los violan.
Suficientes evidencias
Eloy Torres Román sostuvo que la administración de Nicolás Maduro ha acumulado suficientes méritos que evidencian las violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos de forma cotidiana, debido a que ya existen numerosas muertes de civiles y militares mientras se encontraban bajo la custodia de los cuerpos de seguridad del Estado.
Afirmó que en Venezuela no se ha respetado el Protocolo de Estambul (1999) que condena la tortura contra los detenidos, pues en la actualidad las fuerzas de seguridad del Estado asesinan y pretenden esconder o justificar las muertes con artilugios jurídicos.
“Este gobierno debería rectificar y tomar las medidas del caso. Hay violencia contra la disidencia y ello se observa no solo contra los civiles (diputados, concejales), sino también contra los militares. La muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo es emblemáticamente reiterativa en esas prácticas (torturas) condenables desde todo punto de vista”, dijo.
¿Bachelet actuará?
Eloy Torres Román mencionó que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está obligada a llevar a cabo el protocolo de Minnesota en el caso del militar fallecido Acosta Arévalo por las siguientes razones:
a) Es parte de sus obligaciones y de su mandato estudiar e indagar lo que sucedió con este funcionario de la Armada venezolana, como con todos los presos políticos.
b) Como una mujer de orientación democrática, debe considerar inaceptable ese crimen.
c) Por ser una persona que conoce en carne propia los desmanes de la intolerancia política. Su país (Chile) vivió y experimentó la desgracia de una dictadura (la de Augusto Pinochet).
El analista internacional manifestó que si Bachelet no procede con el método de investigación, quedaría fuera de su mandato de manera automática, pues no cumpliría con la responsabilidad que se le ha delegado. Sin embargo, destacó que la alta comisionada expresó una posición condenatoria de lo ocurrido en su Twitter al decir que estaba conmocionada por el trato que recibió Acosta Arévalo.
Opinó que en el caso de que Bachelet aplicara el protocolo de Minnesota, Nicolás Maduro no podría negarse, pues el país ha firmado mecanismos multilaterales en materia de derechos humanos y, aunque no lo hubiese hecho, no puede evadir determinados deberes.
Esfuerzo legal e institucional
Al especialista aseveró que la Asamblea Nacional, instancia que exigió a Michelle Bachelet aplicar el protocolo de Minnesota, busca hacer respetar el marco legal e institucional de Venezuela, pues ciertos individuos “abusan del fuero policial y militar para jugar con la vida de los venezolanos”.
“No es justo, legal ni constitucional. La AN está dirigida a democratizar al país, no a fortalecer un régimen autoritario. La defensa y promoción de ese protocolo como su invocación, en el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo, como en el de Óscar Pérez y el del concejal Fernando Albán, son elementos suficientes como para destacar lo señalado por el protocolo de Minnesota”, expresó.
Estado e individuo
El internacionalista puntualizó que el protocolo de Minnesota es aplicable a la realidad que atraviesa Venezuela, pues la defensa del Estado no puede estar por encima de los derechos humanos de la ciudadanía.
En este sentido, resaltó que tanto el protocolo de Minnesota como el de Estambul se basan en la preocupación internacional por lograr un nivel civilizado en el manejo de la relación entre ciudadano y Estado a escala global.
“Este gobierno usurpador tiene los días contados. Lo que ocurrió con este oficial de la armada lo confirma. Se debe hacer justicia ya, para no parecernos a esas realidades primitivas o de la época feudal, cuando el hombre, el ser humano en general no valía nada, sino lo que podía cargar en el lomo, bien como esclavo o propiedad de un señor feudal”, finalizó.