Familiares de detenidos bajo el régimen de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele en El Salvador pidieron la libertad de sus allegados, en una marcha que trató de llegar al hotel donde se hospedan las concursantes de Miss Universo.
Unas 300 personas se manifestaron por las principales calles de San Salvador con pancartas, fotos de detenidos y lemas contra las medidas de excepción vigentes desde marzo de 2022 como punta de lanza del gobierno en su «guerra» contra las pandillas.
«El régimen trata de con estos concursos y espectáculos tapar la violación a los derechos humanos que está ocasionando el régimen de excepción», dijo a la AFP Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).
Bukele «tiene a la gente en un régimen que limita garantías constitucionales y derechos, donde pueden capturar a una persona por una simple sospecha, apariencia, sin orden judicial o sin ningún delito», afirmó.
«Hay un sector de la población que está en zozobra y con angustia porque no saben qué pasa con sus seres queridos», agregó.
Protestan en El Salvador en medio del Miss Universo
Los manifestantes acusaron al gobierno de «maquillar» la situación del país con el concurso, cuya gala se celebra la noche de este sábado en San Salvador.
«Miss Presas Políticas», «Miss Capturada» o «Miss Torturada», rezaban algunas pancartas.
Los participantes de la protesta trataron de llegar a las inmediaciones del hotel donde se hospedan las concursantes, pero decenas de policías antidisturbios y militares con carros artillados les impidieron el paso.
Bajo el régimen de excepción, las autoridades han arrestado a más de 73.000 presuntos pandilleros. Más de 7.000 inocentes han sido liberados.
Varias organizaciones de derechos humanos critican el régimen de excepción porque permite detenciones sin órdenes judiciales y juicios colectivos, entre varias medidas.
Familiares de detenidos y grupos de derechos humanos denuncian presuntas detenciones arbitrarias y torturas.
En todo este tiempo en las cárceles han muerto al menos 191 personas bajo custodia estatal, según Movir y otros organismos de derechos humanos.
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