El gobierno de Chile calificó este miércoles de hipótesis y especulaciones las declaraciones del fiscal general venezolano Tarek William Saab, quien señaló como posibles responsables del crimen del exmilitar Ronald Ojeda a cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros «con intereses espurios».
«Especulaciones que se realicen en el extranjero respecto de antecedentes de los cuales no se disponen es algo que el gobierno no va a comentar», dijo en el canal estatal 24 Horas el ministro de Justicia, Luis Cordero.
«En Chile somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. En Chile no se especula sobre casos judiciales», añadió el ministro.
El fiscal venezolano aseguró en declaraciones a los periodistas el miércoles que el crimen de Ojeda, ocurrido en febrero pasado en Santiago, fue una operación para enturbiar las relaciones entre ambos países justo cuando ocurría un importante acercamiento.
Los restos de Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fueron hallados 10 días después de haber sido secuestrado en una toma irregular en una localidad periférica de la capital, sepultados a una profundidad de 1,4 metros, debajo de un bloque de cemento.
Ronald Ojeda, de 32 años de edad, fue sacado en plena noche de su casa, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con falsos uniformes de la Policía chilena.
El subsecretario chileno del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a las declaraciones del fiscal venezolano y aseguró que «en los casos policiales lo que manda es la evidencia y le corresponde al Ministerio Público chileno descartar o afirmar hipótesis».
«Chile tiene instituciones sólidas, tiene instituciones profesionales, tiene instituciones que llevan adelante investigaciones basadas en evidencia», añadió en declaraciones a los periodistas.
El fiscal chileno a cargo del caso, Héctor Barros, vinculó el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia; el caso generó fricciones entre ambos países y acusaciones de falta de cooperación por parte de Chile hacia Venezuela.
Dos fiscales venezolanos visitaron la semana pasada Chile y se reunieron con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional chilena (Uciex), Juan Pablo Glasinovic, para colaborar en la investigación.
Hasta el momento, el único imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda es un joven venezolano de 17 años, que permanece en un centro juvenil desde marzo.
Otros dos sospechosos tienen una orden de detención vigente y se encuentran prófugos de la Justicia, aunque las autoridades chilenas tienen sospechas de que se encuentran en Venezuela.