El Congreso de Ecuador inició este martes un juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por incumplimiento de funciones durante las violentas protestas de 2019, que el Ejecutivo considera un intento de golpe de Estado.
Romo es señalada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas para dispersar manifestantes y atacar centros de acogida humanitaria donde se resguardaban indígenas que se oponían al alza del precio de los combustibles decretado por el gobierno de Lenín Moreno y que luego fue derogado.
Posible destitución
En caso de ser hallada culpable, Romo será destituida. Para ello, al menos 91 de los 137 asambleístas deben votar a favor de la censura a la ministra.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las protestas de octubre de 2019 dejaron 14 fallecidos y más de 1.300 heridos.
En el juicio, que se desarrolla de manera virtual por la pandemia, la Asamblea Nacional determinará si hubo o no incumplimiento de funciones por parte de Romo.
Moreno, quien tildó de «intento de golpe de Estado» las protestas, respalda a la ministra.
En su defensa, que fue transmitida desde la sede del gobierno nacional, Romo defendió la actuación de la policía durante las protestas. Destacó que ella no estuvo al frente de las decisiones operativas
«No hay relación entre la responsabilidad política y la responsabilidad operativa. La mía es la responsabilidad política», expresó.
Sin embargo, agregó: «Respaldo y defiendo todas las decisiones operativas que se tomaron» para contener las manifestaciones.
En referencia al uso de bombas lacrimógenas caducadas, Romo señaló que al estar fuera de su vida útil «pierden efectividad, pierden toxicidad».
Sobre la acusación de que se lanzaron bombas lacrimógenas contra dos universidades que funcionaban como centros de acogida, la ministra comentó que fue de «manera accidental».
«Ni se bombardearon centros de paz, ni se atacaron centros de paz y la policía nunca entró a ninguna universidad», explicó.
Al menos 16 asambleístas de diferentes partidos han participado en el juicio contra Romo para cuestionar su gestión. En el juzgado está previsto que otros diez comparezcan ante el pleno antes de que haya un fallo.