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Militares retirados admitirán haber ejecutado a civiles en Colombia

Por AFP
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Diez militares retirados admitirán este martes su responsabilidad en la ejecución de más de cien civiles en Colombia que presentaron como guerrilleros caídos en combate. Lo harán en un inédito reconocimiento ante los familiares de las víctimas.

En la audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, en el departamento  Norte de Santander, los uniformados harán su primer reconocimiento público por desaparecer a 120 jóvenes y luego asesinarlos a sangre fría.

El tribunal surgido del histórico acuerdo de paz de 2016 escuchará el relato de un general, cuatro coroneles y cinco oficiales. Así como la declaración de un civil que colaboró en el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia conocido como «falsos positivos».

Militares retirados reconocerán su responsabilidad

Los comparecientes «reconocerán ante la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad» por los actos que cometieron entre 2007 y 2008, informó la JEP.

En la mañana de este martes, decenas de personas llegaban a un teatro universitario en Ocaña dispuesto para la histórica audiencia. «Los exmilitares van a profundizar, exponer más claramente, responder las preguntas y sobre todo (van) a reconocer responsabilidad en vivo y en directo, de cara a las víctimas y al país», dijo la magistrada Catalina Díaz.

La JEP determinó que Ocaña se convirtió en escenario de una práctica atroz ideada en un batallón ubicado en la entrada del pueblo. Además, motivada por una «política institucional del ejército de conteo de cuerpos».

De acuerdo al tribunal, más de 6.400 civiles se ejecutaron entre 2002 y 2008 luego de llevarlos con engaños a zonas alejadas de donde vivían. El Catatumbo, como se le conoce a esta región, es el lugar del mundo con más sembradíos de hoja de coca.

La mayoría de «falsos positivos» ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que siempre ha sostenido que se trató de actos aislados.

Surgido del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, este tribunal juzga los peores crímenes de un conflicto de más de medio siglo.

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