Más de 360.000 personas cruzaron la selva del Darién en 2023, según el gobierno de Panamá, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Es este alto flujo de personas que se aventuran por el peligroso paso entre Colombia y Panamá lo que ha llevado a muchos a hacer de este viaje un negocio lucrativo.
El trayecto en lancha para llegar al bosque tropical: 40 dólares. Un guía que te lleva por la ruta peligrosa cuando empiezas a caminar: 170 dólares. Alguien que carga tu bolso en las lomas lodosas: 100 dólares. Un plato de pollo con arroz tras un día de escalar laboriosamente: 10 dólares. Paquetes especiales con todo incluido para que el esfuerzo riesgoso sea más rápido y soportable (con tiendas, botas y otros básicos): 500 dólares o más.
Las ganancias simplemente son demasiado grandes como para ignorarlas y los emprendedores que persiguen la bonanza migrante no son contrabandistas clandestinos que se esconden de las autoridades.
Son políticos, empresarios destacados y líderes electos, que diariamente y a plena luz del día envían a miles de personas migrantes hacia Estados Unidos y a cambio cobran millones de dólares mensuales por ese privilegio, de acuerdo con una investigación realizada por el New York Times.
Darwin García, miembro electo de una junta de acción comunal y exconcejal de Acandí, un municipio colombiano en donde empieza la selva, es uno de los encargados de organizar a los lancheros, guías y cargabolsos de la selva.
El hermano menor de García, Luis Fernando Martínez, líder de una asociación local de turismo, es en la actualidad uno de los principales candidatos a la Alcaldía de Acandí y defiende el negocio de la migración como la única industria rentable en un lugar.
Hoy en día, dichas ganancias son más grandes que nunca: solo este año, los líderes locales han recaudado de los migrantes decenas de millones de dólares en una enorme operación de movimiento humano que, según los expertos internacionales, es más sofisticada que cualquiera que hayan visto.
“Hay una economía bonita”, dijo Fredy Marín, quien fuera concejal en la municipalidad vecina de Necoclí y que maneja una empresa de lanchas que transporta migrantes en su trayecto a Estados Unidos. Dice que mensualmente traslada a miles de personas y que cobra 40 dólares por persona.
The New York Times comprobó que el gobierno nacional tiene muy poca presencia en la zona. Cuando se llega a ver a las autoridades nacionales, a menudo están haciendo pasar a los migrantes o, en el caso de la policía nacional, chocando puños con los hombres que venden costosos paquetes de viaje para atravesar la selva del Darién.
El coronel William Zubieta, el principal funcionario policial de la región, dijo que su trabajo no era detener el paso de migrantes. Más bien, argumentó que el control correspondía a las autoridades migratorias del país.
Hoy en día, el negocio lo manejan integrantes electos de la junta de acción comunal como García, a través de una organización sin fines de lucro fundada por el presidente de la junta y su familia. Se llama Fundación Social Nueva Luz del Darién, y se encarga de gestionar toda la ruta desde Acandí hasta la frontera con Panamá, fijando precios por el trayecto, recaudando tarifas y operando extensos campamentos en medio de la selva.
La fundación ha contratado a más de 2.000 guías locales y cargadores de mochilas y los ha organizado en equipos con camisetas numeradas de distintos colores.
Las personas migrantes pagan por lo que la fundación llama servicios, entre ellos el paquete básico de guía y seguridad por la frontera, a 170 dólares. Después, un asesor de migración procede a ponerles en la muñeca dos brazaletes de papel como comprobante de pago.
Sobre el negocio se cierne un grupo armado y de narcotraficantes grande y poderoso llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a veces conocido como Clan del Golfo. García, miembro de la Junta de Acción Comunal, reconoció que el grupo pone la seguridad en la zona pero insistió en que la fundación era una entidad completamente independiente.
En la frontera de la selva, las transacciones saltan a la vista.
Antes de ingresar a la selva, los migrantes deben pagarle al grupo armado un impuesto distinto de alrededor de 80 dólares por persona a cambio del permiso para cruzar por el Darién, según varias personas que recaudan la cuota en Necoclí.
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