México se encamina a ser el primer país del mundo que elija por voto popular a partir del 2025 a todos sus jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte, tras la aprobación de una reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que según sus detractores fulmina la independencia de poderes.
En medio de inéditas protestas de jueces, estudiantes de Derecho y trabajadores del Poder Judicial, la reforma avanzó un paso clave este miércoles tras ser aprobada en el Senado con 86 votos a favor y 41 en contra, una vez superó el trámite en la Cámara de Diputados la semana pasada.
«Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia», dijo el mandatario mexicano, al celebrar la aprobación de su enmienda, que tensó incluso las relaciones con Estados Unidos -principal socio comercial de México- y ha generado un gran nerviosismo económico.
López Obrador, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1°. de octubre, impulsó la reforma en el marco de un choque con la Suprema Corte, a la que acusa de favorecer la corrupción y a grupos criminales y de ser la trinchera de la oposición. El máximo tribunal ha bloqueado otras reformas de su gobierno, como la que ampliaba la participación del Estado en el sector energético y otra que dejaba la seguridad ciudadana en manos de los militares.
Tras la aprobación del Senado -en una jornada en la que manifestantes irrumpieron en la plenaria, lo que llevó a los legisladores a sesionar en una sede alterna-, la reforma judicial, por ser una iniciativa constitucional, debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales, lo que no parece un obstáculo para Morena, el partido de gobierno, y sus aliados, pues controlan dos tercios de las 32 gobernaciones del país. Luego, la reforma será promulgada por la presidencia.
Este miércoles, de hecho, apenas unas horas después de la decisión del Senado, el Congreso de Oaxaca, un estado del sur de México, se convirtió en el primero en aprobar la reforma.
‘Día negro’ para los jueces: ¿qué medidas tomarán?
La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90 por ciento, según la propia Suprema Corte. En defensa de su reforma, López Obrador ha dicho que el actual sistema es corrupto y que está «profundamente distanciado» de la sociedad, lo que a su juicio ha hecho crecer la impunidad y ha mermado la credibilidad y la legitimidad de los jueces y magistrados.
Pero algunos magistrados del máximo tribunal, así como Estados Unidos, Naciones Unidas y la organización Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales.
EFE
«Hoy es un día negro para nuestro Estado de derecho y para el futuro de nuestra nación. La mayoría del oficialismo, recurriendo a las prácticas más desleales e inaceptables en una democracia, ha decidido aprobar una reforma que atenta contra la independencia del poder judicial», dijo este miércoles Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. (Jufed), quien agregó que la reforma «pondrá en riesgo la protección de los derechos fundamentales» de todos los ciudadanos.
Los jueces y magistrados mexicanos -en huelga desde hace tres semanas- anunciaron este miércoles que no descartan emprender medidas en el plano nacional e incluso internacional para tratar de frenar la entrada en vigor de la enmienda. Una de ellas, adelantaron, es llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los organismos internacionales al que pertenece México que podría pronunciarse en contra de la modificación constitucional.
Los cambios de la reforma y por qué preocupa
La iniciativa tensó la relaciones clave de México con Estados Unidos y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado comercial T-MEC. Además, consultoras económicas vinculan los cambios legales con la reciente depreciación del peso frente al dólar, y refieren preocupaciones de inversionistas frente a la independencia de los jueces.
La reforma plantea la elección de unos 1.600 cargos judiciales, que se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo -donde el oficialismo tiene amplias mayorías- y Judicial. Podrán postular los actuales jueces, pero de no hacerlo permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
Para Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, «este método electivo es regresivo y menoscabaría la independencia y la imparcialidad de las personas juzgadoras porque va a obligar a los jueces a competir por sus cargos en la misma arena que los políticos tradicionales. Lo que pretende este método es que las personas juzgadoras se sometan a los humores del electorado, de modo que en vez de que lo que oriente la determinación de sus resoluciones sea la aplicación y la interpretación de la ley, jueguen los intereses y las opiniones de los electores».
Entre los otros cambios que trae la enmienda se incluyen la figura de los «jueces sin rostro» para enfrentar al crimen organizado y una reducción en la cantidad de integrantes de la Suprema Corte, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad. También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.
EFE
La reforma es cuestionada en particular por Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, quien había llamado a reconsiderarla para salvaguardar la independencia de los magistrados. Si se aprueba, deja a México «en una posición única en términos del método de elección de jueces», señaló el martes.
Los jueces y magistrados, quienes insisten que seguirán en paro, anticiparon este miércoles una petición formal a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que vete la enmienda. «Es una oportunidad que tiene la presidenta de tomar conciencia de que esto no puede ser favorable», señaló el magistrado de circuito del estado de Jalisco, Mario Alberto Domínguez.
Sin embargo, esa parece, al menos por ahora, una vía poco probable. Sheinbaum respaldó este mismo miércoles la reforma y afirmó que con esta «se fortalecerá la impartición de justicia».
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