La Comisión de la Verdad en Colombia publicó este martes un nuevo capítulo de su informe final en el que habla del «peso descomunal» que tuvo el conflicto armado en niños y adolescentes. Aseguran que la guerra, en la que murieron 64.084 menores, hizo que el país «lleve al menos unas tres generaciones perdidas».
El capítulo, titulado «No fue un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado», subraya, mediante el relato de cerca de 200 historias y más de 2.700 testimonios recogidos, los abusos y situaciones a las que se vio enfrentada la niñez durante el conflicto y que hizo de Colombia «un país de huérfanos».
«Este país no ha tenido un cuidado especial con los niños y niñas y siempre se ha considerado que lo que les pasa en el marco del conflicto armado es un daño colateral, y eso no es así». Así lo destacó la directora del capítulo, Diana Britto.
Testimonios
De esa forma, la Comisión de la Verdad, que presentó el pasado 28 de junio el primer capítulo de su informe final tras tres años y medio de trabajo, documentó que más del 50% de los desplazados del país -que han sido más de 8 millones- eran menores cuando tuvieron que huir de sus hogares.
Es el caso de María Victoria, que cuando tenía 14 años vio cómo las FARC mataban a su padre y a cuatro de sus hermanos de 12, 16, 17 y 18 años. En el informe, la Comisión documenta que «emprendió sola el camino en busca de su madre. Este sería el primero de varios desplazamientos que marcarían su adolescencia y su juventud».
Específicamente, se presentaron 3.049.527 casos de menores desplazados entre 1985 y 2019, y que siguen viviendo actualmente 139.842 niños desplazados entre 2020 y 2021.
La Comisión asegura que «cuando la familia no se desestructuró por la violencia previa y el vínculo afectivo se mantuvo, la ruptura ocasionada por el desarraigo fue menos abrupta», pero «cuando (los menores) debieron salir solos, quedaron más expuestos a violencias como la explotación laboral, el maltrato de parientes o incluso de desconocidos que aprovecharon la necesidad que tenían de trabajo, vivienda y alimentación».
Más de 64.000 menores asesinados en Colombia
La Comisión de la Verdad también documentó la muerte de 64.084 menores por el conflicto armado entre 1985 y 2018. De esta cifra 14.562 fueron de indígenas y 27.290 de afrocolombianos, según una integración de cifras realizada junto a otros organismos.
Al haber más de 450.000 víctimas de homicidio entre 1985 y 2016, la cifra de personas huérfanas, aunque es difícil de conocer con exactitud, se prevé muy elevada.
En casi un tercio de los casos (29,63%) los responsables de los ataques a la infancia fueron agentes estatales, en el 22,47% fueron paramilitares y en el 16,46 % fue la guerrilla.
Sin embargo, la ya desmovilizada guerrilla de las FARC es responsable del 74% de reclutamiento de menores. «Un fenómeno del que no tenemos una real comprensión en el país», dijo Britto, ya que durante las primeras décadas del conflicto ni siquiera era considerado como un delito.
«Entonces cuando se llevaban a un niño o una niña a la guerra, pues la familia lo máximo que podía hacer era denunciar una desaparición o denunciar un secuestro». Así lo relató en un video difundido por la Comisión.
Más detalles de lo que ocurre en Colombia
El informe recoge testimonios sobrecogedores como el de Esperanza, una madre cuyo hijo de 16 años llegó llorando de la escuela en 2001 porque se le había acercado un paramilitar para decirle que al día siguiente tendría que irse con ellos.
Esa misma noche, la madre lo envió a otro municipio para evitar que lo reclutaran, pero unos días después apareció degollado y con 17 puñaladas «porque no se había querido ir con ellos».
En otros casos, la guerrilla usó falsas promesas para atraer a los jóvenes a su «causa», pero «ingresar a las filas o cumplir diversas tareas para los grupos armados no se tradujo en mejores condiciones de vida», asegura la Comisión.
«Me dijeron que iba a tener una vida mejor. Que si no nos gustaba, nos tenían ocho días y nos sacaban. Pero no, llegando allá eran diferentes las cosas», dice en el informe Paula, una niña reclutada por las FARC con 12 años.
En este capítulo, la Comisión también documenta cómo se usó la educación como una forma más de guerra, con ataques a escuelas o instrumentalización de centros educativos, lo que significaba nacer dentro de una guerrilla o un grupo paramilitar o cómo el campo colombiano se vació, debido al desplazamiento, de fuerza joven que lo pudiera trabajar.
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