Más de 500.000 dólares costará la reparación del centro colonial de Quito por los daños causados durante las protestas de la semana pasada en la capital de Ecuador contra las medidas de austeridad económica que había emprendido el gobierno.
El director del Instituto Metropolitano de Patrimonio, IPM, Raúl Codena, señaló en una entrevista con el canal local Gamavisión que la valoración de los daños todavía no ha concluido y advirtió que esa cifra podría ascender.
El funcionario indicó que el objetivo de las autoridades locales es poder recuperar en tres meses el estado que tenía antes de las protestas el centro histórico de Quito, declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en 1978.
Las peores daños se encuentran en los monasterios del Carmen Bajo y de las Agustinas, construcciones que tienen una antigüedad de aproximadamente 300 años.
De sus muros los manifestantes extrajeron piedras centenarias para usarlas como armas arrojadizas contra los policías que frustraron sus intentos de llegar al Palacio de Carondelet, la sede del gobierno nacional, según las autoridades.
Daño inmobiliario
También hay daños al mobiliario urbano de la plaza de San Blas y en calles como la Guayaquil, con multitud de grafitis en contra del gobierno y del presidente Lenín Moreno, así como muros rotos y una unidad de policía comunitaria quemada.
“Tenemos el centro histórico más lindo y mejor valorado de Latinoamérica, y es necesario poder cuidarlo y resaltar todos los valores históricos de nuestra ciudad”, manifestó Codena.
Gran parte de los escombros han sido retirados gracias a una gran minga, como se conoce en los países andinos una labor comunitaria que se realiza de manera conjunta y gratuita, que en este caso sirvió para limpiar gran parte de la urbe tras 11 días de protestas.
Las autoridades locales han convocado otra minga para el próximo domingo con la idea de borrar las pintas en las paredes de la parte más antigua de la capital ecuatoriana.
Las protestas cesaron el domingo, cuando Moreno anunció que derogaría el polémico decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, una de las medidas que tomó para recibir un crédito de más de 10.000 millones de dólares, de ellos 4.200 del Fondo Monetario Internacional.
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