Al menos 338.667 personas resultaron víctimas de desplazamiento forzado en 2022 como consecuencia del conflicto armado en Colombia. Los resultados se expusieron en la cuarta ronda de monitoreo realizada por el Foro de ONG Humanitarias por medio de una encuesta para estimar la magnitud y afectación de este fenómeno.
De los 5.017 encuestados en el país, el 70,4 % manifestó haber salido de sus hogares «por actos de amenaza o violencia directa con ellas, o por enfrentamientos entre grupos armados (estatales y no estatales)», mientras que el 29,6% restante lo hicieron «por el contexto de violencia».
Entre las amenazas a la vida y a la integridad manifestadas por la población en general, un 20,6% dijeron haber percibido en sus comunidades casos de cobros de dinero al comercio o personas por parte de grupos armados. Los grupos impiden la entrada y salida de los ciudadanos para acceder a comida o medicamentos, combates y enfrentamientos entre grupos, reclutamiento de menores o explosiones de minas antipersona.
Enero, julio y marzo son los meses en los que se registró un mayor número de desplazamientos. El 52,9 % de los desplazados consultados manifestaron haberse visto obligados a abandonar su vivienda «más de una vez en el año». Un 13,7 % aseguró haber tenido que hacerlo «más de tres veces».
Afectaciones sobre los menores
El estudio también reveló un «aumento significativo» de la población desplazada con menores de edad, en la medida en que se pasó de un 52,4% en 2021 a un 82,6% en 2022.
En este sentido, el Foro advirtió que «la afectación particular de la niñez por el conflicto armado es crítica» ya que «el riesgo percibido por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es cinco veces mayor en el caso de las personas desplazadas».
En el caso de Colombia, el desplazamiento forzado tiene una «doble afectación» sobre la población migrante procedente de Venezuela que ya alberga dentro de sus fronteras a cerca de 2,5 millones de venezolanos.
Un 2,1% de los venezolanos preguntados tuvo que desplazarse por cuenta del conflicto armado en el país andino. El 70% de los que fueron víctimas de este fenómeno salió del país con menores de edad.
«En una familia, la recurrencia de varios desplazamientos consecutivos afecta la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes», agregó el documento.
Retorno y registro de víctimas
Sobre las posibilidades de retornar a la vivienda, a fecha de enero de 2023 solo el 29,6% manifestó en la encuesta poder volver al hogar. Un 34,4% dijo tener intención de hacerlo y el 36% restante considera su lugar como nueva residencia.
Entre los principales motivos declarados sobre el no retorno, un 34% alegó que su lugar de residencia es «inseguro», un 21% dijo haber sido despojado de sus tierras y un 15% se refirió al «costo de vida o las limitaciones para conseguir ingresos en el lugar de origen».
El documento agrega que el 49% de los desplazados no acudieron ante el Ministerio Público- La decisión implica correr el riesgo de «no recibir atención y asistencia» por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas.
Entre las principales razones expuestas para justificar esto se encuentra el «temor» a que pueda entrañar «riesgos» (27,2%), el desconocimiento (16,8%) y las dudas sobre la utilidad de hacerlo (13,6%), entre otras.
Esta ronda de monitoreo se realizó en enero de 2023, cuando se realizaron 5.017 encuestas a mayores de 16 años de edad con acceso a Internet en el país. En ella se indagó en el desplazamiento forzado a causa de desastres naturales, conflicto y violencia armada en la población colombiana, así como la doble afectación sobre los migrantes venezolanos.