Más de una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos de América solicitaron este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que anule la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) peruano que restituye el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Según confirmó a Efe Gloria Cano, representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), un total de 27 entidades del continente remitieron una carta al tribunal internacional para instarlo a invalidar la decisión del TC de disponer la libertad del exmandatario, quien cumple condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
«Solicitamos a la CIDH que reafirme los elementos que deben guiar toda solicitud de indulto y que también anule la resolución del Tribunal Constitucional del Perú que permite el indulto de Alberto Fujimori», indica el documento.
Está firmado por organizaciones de Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Panamá, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.
En la carta, recuerdan que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
«Esta serie de crímenes tuvieron lugar durante una época de gran inestabilidad política en el país, en el marco del autogolpe de Estado de Fujimori, bajo el que se cometieron serias violaciones a los derechos humanos, a través de crímenes como secuestros, esterilizaciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales», señalan.
Manifiesta asimismo que la Corte Interamericana, que condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, ya emitió en 2018 una resolución en la que señalaba que la ejecución de la condena forma parte del derecho de las víctimas al acceso a la justicia «ya que los beneficios pueden conllevar impunidad».
En aquella ocasión, el tribunal indicó que si la cárcel agravaba la situación de salud del condenado se tenía que hacer una ponderación de la posibilidad de indulto, pero esto siempre y cuando se siguieran unos estándares, entre ellos el cumplimiento de una parte considerable de la condena y el pago de la reparación civil impuesta.
«Estos estándares no han sido analizados en la sentencia del TC, irrespetando la resolución de la CIDH y sus interpretaciones de la Convención Americana, así como los propios del derecho internacional o ‘ius cogens», justifica la carta.
Perú se compromete con la CIDH
A raíz del fallo del Constitucional peruano, que en marzo admitió un habeas corpus que restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), la defensa y familia del exmandatario, de 83 años de edad, estaban a la expectativa de completar los trámites judiciales para obtener su excarcelación.
Pero la CIDH requirió esta semana al Estado peruano que se abstenga de liberarlo, hasta que resuelva las medidas provisionales solicitadas por los familiares de las víctimas.
Ante este pedido, el gobernante Pedro Castillo envió el miércoles un oficio al presidente del tribunal, Ricardo Pérez Manrique, en el que expresó su compromiso «a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir» en los casos de Barrios Altos y La Cantuta y otros.
En la carta, a la que Efe tuvo acceso, Castillo también manifestó su solidaridad «con los familiares de quienes fueron víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos en ambos luctuosos acontecimientos».
El requerimiento de la CIDH, sin embargo, no fue tan bien recibido por un sector de la sociedad y política peruanas, que acusaron a este tribunal internacional de tener un sesgo ideológico contra el líder histórico del fujimorismo, a quien ensalzan por considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico.