Al menos 1.340 venezolanos han sido detenidos en Aruba desde 2021 por ingresar de manera irregular a la isla, revela Amnistía Internacional en un informe publicado recientemente.
Estos migrantes, que huyen de la emergencia humanitaria y la grave crisis de derechos humanos en su país, afrontan una situación preocupante al llegar a la isla. Muchos son detenidos y deportados sin garantías legales ni protección adecuada.
El informe Reglas pero no protección – Revelando las brechas en la protección de refugiados venezolanos en Aruba destaca que debido a la falta de una legislación específica sobre asilo, los venezolanos que llegan a la isla están expuestos a violaciones de sus derechos.
Dagmar Oudshoorn, directora de Amnistía Internacional Países Bajos, señaló: «Aunque entendemos que las condiciones son difíciles para una isla como Aruba, la falta de un marco legal adecuado no justifica el trato que reciben los refugiados. Aruba ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos que implican ciertos derechos y obligaciones con respecto a los refugiados y el asilo».
Venezolanos, automáticamente detenidos
Aruba, que forma parte del Reino de los Países Bajos, ha recibido un flujo continuo de venezolanos en busca de protección, recuerda la organización internacional. Sin embargo, a muchos de ellos, al llegar tras arriesgadas travesías marítimas, los detienen automáticamente en centros para migrantes.
Amnistía Internacional denuncia que las condiciones en estos centros son inadecuadas, con casos documentados de abusos, como falta de acceso a abogados y presiones para firmar órdenes de deportación en un idioma que no comprenden.
Omar, migrante venezolano detenido en uno de esos centros, relató: «Dormí en el suelo, en un contenedor, durante nueve días. Sin agua, luz, ropa limpia, jabón ni cepillo de dientes».
El informe también expresa preocupación por la participación del gobierno holandés en estas deportaciones.
Aruba viola el principio de no devolución
A pesar de brindar apoyo financiero y técnico a Aruba para la gestión de refugiados, AI advierte que este respaldo ha contribuido a la violación del principio de no devolución, el cual prohíbe deportar a personas a países donde puedan sufrir persecución o violaciones de derechos humanos, como es el caso de Venezuela.
Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades de la isla implementar leyes de asilo que garanticen el respeto a los derechos humanos de los solicitantes venezolanos.
También solicita que se detenga la detención automática de aquellos que entran irregularmente y que se garantice un acceso justo a los procedimientos de asilo, con información en español sobre sus derechos.
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