Madagascar votó esta semana un proyecto de ley que busca imponer penas de castración quirúrgica o química a los violadores de menores condenados, una medida considerada «cruel, inhumana y degradante» por la ONG Amnistía Internacional.
La Asamblea Nacional adoptó el texto a inicios de febrero y el Senado lo hizo el miércoles. Pero la normativa aún debe ser validada por el Alto tribunal constitucional antes de ser promulgada por el presidente Andry Rajoelina.
El texto, consultado por la AFP, prevé una pena de castración quirúrgica para «los autores de violaciones cometidos contra un niño de menos de 10 años».
También prevé la castración «química o quirúrgica» contra los violadores de niños de entre 10 y 13 años.
Cuando la violación se cometió contra un menor de entre 13 y 18 años, la normativa prevé una pena de castración química.
La ONG Amnistía Internacional pidió a la isla del océano Índico «derogar» el texto porque las castraciones constituyen un «trato cruel, inhumano y degradante».
La medida «no resolverá» el problema de las violaciones de niños, añadió la organización.
La ONG también alegó que la medida no era compatible con «las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y los malos tratos, y con las normas regionales e internacionales relativas a los derechos humanos».
Madagascar, gran isla del océano Índico, «es un país soberano que tiene perfectamente el derecho de modificar sus leyes» para el interés general, defendió la ministra de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, a la AFP este viernes.
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