El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, salió este jueves en defensa de su par colombiano, Gustavo Petro, investigado por supuestas irregularidades en los gastos de campaña presidencial, y recordó que un país «no puede renunciar al debido proceso legal».
«Como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad al presidente @petrogustavo», señaló Lula en sus redes sociales.
El máximo dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que «no se puede renunciar al debido proceso legal», sobre todo «cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas».
Lula, un próximo aliado de Petro en el campo progresista latinoamericano, recordó el juicio político que culminó con la destitución de la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff, en 2016, episodio que el propio Lula y su partido suelen calificar de «golpe».
Como alguém que já foi vítima de todo tipo de perseguição política, manifesto minha solidariedade ao presidente @petrogustavo. Não se pode abrir mão do devido processo legal, ainda mais quando o que está em jogo é a vontade do povo expressa democraticamente pelas urnas. Lembro…
— Lula (@LulaOficial) October 10, 2024
CNE de Colombia abrió una investigación contra Petro
En un momento en que afloraban multitud de casos de corrupción en prácticamente todos los partidos políticos, el Congreso depuso a Rousseff por una serie de presuntas irregularidades fiscales en los presupuestos, cargos que años más tarde archivó la justicia.
Rousseff fue sustituida en el cargo por el vicepresidente, Michel Temer, veterano político conservador que tras ascender al poder puso en marcha una amplia agenda de reformas económicas de corte liberal.
«Recuerdo que en 2016 la presidenta Dilma fue víctima de un proceso de ‘impeachment’ sin base legal y ese fue el comienzo de un período turbulento y traumático en la historia de Brasil», enfatizó Lula en su mensaje.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación y formuló cargos contra Petro y miembros de su equipo por violar supuestamente los topes de gasto establecidos en su campaña presidencial, en 2022, y recurrir a fuentes prohibidas que no declararon.
Petro aseguró que la decisión del órgano electoral es «el primer paso de un golpe de Estado» en su contra, y recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por considerar que viola el resultado de las elecciones que le eligieron presidente.
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