El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, indultó a los condenados por delitos «sin violencia» bajo una serie de condiciones y excluyó de la medida de gracia a los golpistas que buscaron derrocar su Gobierno el pasado 8 de enero.
El perdón, que fue publicado la pasada medianoche en el Diario Oficial y concedido con motivo de la Navidad, se extiende también a mujeres con hijos menores o con enfermedades crónicas graves, así como a las personas mayores de 60 años que hayan cumplido una parte de su condena.
Este es el primer indulto navideño de Lula desde que inició su tercer mandato, el pasado 1 de enero, después de gobernar el país por dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010.
El líder progresista indultó igualmente a las personas con deficiencias permanentes anteriores a los delitos cometidos; con enfermedades graves permanentes o crónicas; y a aquellos con un grado de autismo «severo», siempre en función de la duración de la condena y del tiempo cumplido.
Asimismo, perdonó las multas impuestas por la Justicia por un valor de hasta 20.000 reales (4.100 dólares/3.700 euros).
Los condenados con sanciones económicas por encima de esa cifra también obtendrán el beneficio, pero solo si demuestran que no tienen condiciones para pagarlas.
Un indulto con excepciones
Sin embargo, el indulto incluye varias excepciones, a los que no se les concederá bajo ninguna circunstancia. Entre ellos los condenados por crímenes como «tortura», «terrorismo», «racismo», «violencia contra la mujer» o contra «el Estado Democrático de Derecho».
En este último grupo se engloban los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo con la intención de forzar una intervención militar que derrocara el Gobierno de Lula.
Hasta el momento, el Supremo ha condenado a una veintena de las cerca de 2.000 personas imputadas por ese episodio, de las que 66 están en prisión, entre sentenciados y aquellos con prisión preventiva, mientras que el resto responde al proceso en libertad.
El indulto tampoco se aplicará a cabecillas de facciones criminales, ni a las personas que firmaron un acuerdo de colaboración con las autoridades brasileñas para confesar sus delitos y apuntar a otros.
El decreto del indulto fue firmado por Lula y por el ministro de Justicia, Flávio Dino, quien a partir del 22 de febrero pasará a ser uno de los once jueces del Tribunal Supremo, y analizado por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria.