La fiscal general Luisa Ortega, tiene 59 años y es doctora en Ciencias Jurídicas.
Ortega se convirtió en la piedra en el zapato del gobierno de Nicolás Maduro, al criticar la inconstitucionalidad de la asamblea nacional constituyente y denunciar internacionalmente al régimen por corrupción.
Ortega siempre estuvo interesada en construir una carrera profesional en la que su ideología tuviera espacio, y la irrupción de la figura de Hugo Chávez en política venezolana le dio esa oportunidad.
Tras fungir como consultora jurídica del canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión, como fiscal con competencia nacional y como vicefiscal, Ortega asumió el cargo de fiscal general en el 2007, tras ser elegida por la entonces Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
Al frente de la Fiscalía General en su primer período, hasta el 2014, Ortega fue un perfecto ejemplo del control del chavismo sobre las instituciones del Estado. Su gestión iba de la mano de una actuación pública políticamente interesada en preservar los intereses oficialistas.
Desde su despacho no retó nunca la actuación de algún funcionario del gobierno y la Fiscalía era una institución tan cerrada como cualquier otro ministerio. Tras el fallecimiento de Chávez, Ortega siguió demostrando su utilidad revolucionaria con el empuje de la acusación contra el líder opositor Leopoldo López y una férrea actuación de la Fiscalía contra cientos de personas que protestaron contra Maduro.
Ello le valió su ratificación como fiscal por otros siete años, hasta el 2021.
Pero, a comienzos del 2016, la exfiscal comenzó a desmarcarse del chavismo, al criticar algunas acciones del régimen. Fue su pretensión de iniciar investigaciones sobre la vinculación de funcionarios del gobierno y la constructora brasilera Odebrecht lo que incomodó a piezas sensibles del gobierno.
Así llegó Ortega al 30 de marzo pasado, cuando tomó el paso más inesperado al advertir públicamente que las sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia buscaba arrogarse las competencias de la Asamblea Nacional representaban una “ruptura del hilo constitucional”.
Esa rebeldía representó el rompimiento del control revolucionario sobre la Fiscalía. Desde su despacho, Ortega se convirtió en la más ferviente opositora de la ANC.
Esto, entre otras cosas, le valió la remoción de su cargo por la constituyente ilegítima.