«Los enterrados serán ellos», respondió este miércoles el diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, al gobierno de Daniel Ortega, un día después que el Estado nicaragüense formalizara la expropiación de su sede.
«Otra vez nos quieren enterrar, y como ha sucedido en otras ocasiones, los enterrados serán ellos», manifestó la junta directiva del periódico, fundado en 1926, en un comunicado.
El gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, entregó el martes al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) la escritura del edificio donde funcionaba La Prensa, que fue ocupado por la policía desde hace un año.
Las autoridades construirán en ese plantel industrial, valorado por La Prensa en cerca de 10 millones de dólares, el Centro Cultural y Politécnico «José Coronel Urtecho, No volverá el pasado».
En el documento, titulado «El pasado son ellos», el diario destacó que desde marzo de 1926 cuando fue fundado, La Prensa «ha sido consecuente con el compromiso de cultivar y promover valores tan esenciales para los nicaragüenses, como la verdad, la justicia, la defensa de las libertades públicas y la democracia».
Y que asumir esos «valores con honestidad y firmeza, y no con retórica vacía», le ha implicado «asumir riesgos muy graves», debido a que «los abusos, la mentira, el autoritarismo y la corrupción, entre otros antivalores, tienen representantes muy poderosos y crueles» en Nicaragua.
La Prensa se ha enfrentado a «tres dictaduras»
El periódico indicó que en sus 96 años de historia «ha enfrentado tres dictaduras que han visto en «el diario de los nicaragüenses un obstáculo».
«En sus 96 años de vida ha sufrido cierres, encarcelamientos de directivos y periodistas, el asesinato de su director Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero de 1978, bombardeo y quema de sus instalaciones, asedio de turbas fanatizadas, censura, bloqueo aduanero a los suministros que hacen posible su impresión, y, finalmente, la ocupación y robo de su propiedad inmueble, sus instalaciones y equipos de trabajo», resumió.
Tres de sus directivos están presos -los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, y Juan Lorenzo Holmann Chamorro-, su edificio tomado y la redacción completa en el exilio, anotó.
«Ninguna dictadura ha mostrado tanta saña contra los valores que representa La Prensa, como la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo», sostuvo.
En la víspera, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tildó a La Prensa, diario en el cual trabajó en la década de 1970, de ser un «antro de maquinación de crímenes de lesa humanidad».
Constitución prohíbe confiscación
El periódico alertó que «el régimen de Ortega ocupó militarmente las instalaciones de La Prensa» y las ha comenzado a usar contra prohibición expresa de la Constitución de Nicaragua, que en su artículo 44 «garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción».
«Este artículo prohíbe la confiscación de bienes y establece que los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos», advirtió.
El diario, que ahora solo se publica de forma virtual, anunció que van «a seguir haciendo periodismo inspirados en los valores que han definido 96 años de historia» y que buscarán justicia.
«Vamos a buscar justicia en los lugares y en los tiempos que sean posibles para recuperar los que por derecho nos corresponde y para exigir castigo contra quienes abusando de su poder han violentado nuestros derechos y las leyes del país», señaló el medio más emblemático de Nicaragua.
Las instalaciones de La Prensa, en una zona industrial en el norte de Managua, fueron ocupadas por la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de «defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos».
Su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) -quien venció a Ortega en las elecciones de 1990-, fue condenado el 31 de marzo a nueve años de prisión por el delito de «lavado de dinero».