Las protestas que promueven sectores radicales y gremios campesinos pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones inmediatas persisten este jueves en regiones andinas de Perú, con bloqueos y marchas en un día que se anuncian movilizaciones también en Lima.
Las protestas se concentran en las ciudades de Cusco, Arequipa, Tacna, entre otras, mientras que en la región Puno, epicentro del movimiento, se prevé el entierro de 17 de las víctimas fatales que perdieron la vida tras choques con las fuerzas del orden.
En Lima un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda convocaron a una marcha por la tarde con la consigna «Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista».
Las demandas son políticas e incluyen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993 del expresidente Alberto Fujimori, que canoniza la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico del país.
En Cusco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por vándalos que dañaron vidrios y enormes macetas de la fachada durante una marcha por las calles de esa ciudad la noche del miércoles.
La muerte de un dirigente campesino durante un enfrentamiento con la policía enardeció a los manifestantes el miércoles.
La Defensoría del Pueblo reportó más de 50 heridos, 19 policías entre ellos.
También en Cusco los pobladores quemaron una caseta del terminal de transporte terrestre regional, atacaron locales comerciales y colocaron piedras en la línea férrea.
Según la policía en Cusco se detuvo a 11 personas, entre ellas una ciudadana de nacionalidad colombiana.
Las violentas protestas han dejado hasta el momento 41 muertos desde hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.
Los bloqueos se extendieron a 10 de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Abancay, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Huancavelica y San Martín, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.
Dina Boluarte, de 60 años, fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente izquierdista Pedro Castillo luego de que intentara cerrar el Parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
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