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Foto: El Diario de Burgos

El sospechoso de mandar una serie de cartas con material explosivo a la embajada de Ucrania en Madrid y al presidente del gobierno español, entre otros, fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares, anunció este viernes un tribunal.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid a cargo de asuntos de terrorismo, había enviado en enero a prisión preventiva a Pompeyo González Pascual ante temores de que pudiera huir a «territorio ruso», pero ahora considera que no hay riesgo de fuga, según señaló un comunicado del tribunal.

Al hombre de 74 años le fue retirado el pasaporte, se le impuso la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer semanalmente ante un juzgado cerca de su domicilio, en Miranda de Ebro (norte de España).

El juez le otorgó la libertad vigilada al considerar que ya no hay peligro de que destruya pruebas, carece de antecedentes penales, no hay indicios de que pueda reincidir y, considerando que tiene 74 años, «pueden adoptarse otras medidas cautelares de menor relevancia que la prisión provisional», señaló el comunicado.

Las seis cartas con explosivos, presuntamente enviadas por González a finales del año pasado, tuvieron como destinatarios al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a su ministra de Defensa, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, a una empresa de armas que fabrica lanzagranadas donados a Ucrania y a una importante base militar española.

Un vigilante de la embajada ucraniana resultó herido de levedad cuando manipulaba el sobre. Las otras cartas fueron interceptadas por personal de seguridad.

Los actos atribuidos a esta persona, que podría ser condenada a hasta 20 años de cárcel por delitos de terrorismo, buscaban «alterar gravemente la paz pública» y «obligar» a las autoridades españolas a «abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa», señaló el juez Calama tras la detención del sospechoso el 25 de enero.

Según el magistrado, «no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno», aunque la policía dijo no descartar «la participación o influencia de otras personas en los hechos».

Según el diario The New York Times, los servicios de inteligencia estadounidenses y europeos sospechaban que detrás de las cartas con explosivos estaba un pequeño grupo paramilitar ruso, el Movimiento Imperial Ruso (MIR), actuando a las órdenes del servicio de inteligencia militar ruso (GRU).

«Miembros destacados del grupo viajaron a España y la policía (española) arrojó luz sobre sus vínculos con organizaciones españolas de extrema derecha», escribió el New York Times.


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