Tres funcionarios de la Alcaldía de Ituango, en el departamento colombiano de Antioquia, en el noroeste del país, fueron liberados después de permanecer dos días secuestrados por disidencias de las FARC, informaron este domingo fuentes castrenses.
«En una operación militar y policial, coordinada con la Fiscalía General de la Nación, con la participación de autoridades de nivel local y departamental, se logra la liberación de los tres operadores», anunció a los periodistas el comandante de la VII División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez.
El alto oficial señaló que la operación se desarrolló de forma conjunta con la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, y afirmó que los secuestradores exigían a las autoridades 300 millones de pesos (87.500 dólares) para no asesinar a las víctimas.
Dijo además que la liberación en la vereda (aldea) El Cedral de las tres personas, cuyas identidades no fueron precisadas, fue posible gracias a la «presión» de la tropa en esa región del país.
El secuestro de los trabajadores de la Alcaldía de Ituango ocurrió el pasado viernes cuando realizaban labores de construcción en una zona rural del municipio, tras lo cual el Ejército recibió una denuncia e inició operaciones por tierra y aire.
Durante el operativo, los agentes también recuperaron cuatro máquinas con las que se estaban construyendo carreteras en una zona rural y que los disidentes habían robado a los funcionarios.
El gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de paz, si bien algunos de los ex combatientes no se acogieron a lo pactado y siguen delinquiendo.
Después de su liberación, los funcionarios de la alcaldía recibieron atención médica y fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta Medellín, capital departamental de Antioquia.
«El comando de la Séptima División del Ejército ratifica su compromiso de trabajar por la seguridad de los habitantes del departamento de Antioquia y rechaza este tipo de acciones que atentan contra bienestar y libertades de los ciudadanos», agregó el Ejército en un boletín.