Un subcomité de la Cámara de Representantes de Florida aprobó este jueves un proyecto de ley que amplia en el estado el combate contra las ciudades «santuario» para inmigrantes indocumentados y obligaría a las policías locales a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
El proyecto de ley HB 1355 revisa la definición de «política de santuario» para evitar que se limite o prohíba que las policías proporcionen información migratoria a las autoridades federales.
De aprobarse el proyecto de ley, las agencias del orden que operan algún centro de detención deberán firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
Un análisis del personal del Senado dijo que 47 agencias del orden en Florida y el Departamento Correccional del estado ya han firmado acuerdos con el el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para participar en 287(g).
Las medidas «santuario» limitan la colaboración de las autoridades locales en la aplicación de leyes migratorias, de exclusiva competencia federal, pero los estados conservadores están intentando limitar al máximo ese rechazo.
Asimismo, el proyecto que logró este jueves una primera aprobación en el legislativo estatal evitaría que los gobiernos locales firmen o renueven contratos con empresas que transportan inmigrantes indocumentados como parte de la política migratoria del gobierno del presidente de EE UU, Joe Biden.
Mano duro contra los indocumentados
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha marcado una dura política contra los indocumentados desde que llegó al cargo en 2018, anunció esta propuesta después de que el gobierno federal comenzó a trasladar a inmigrantes indocumentados en avión desde la frontera.
Además, en su batalla contra la administración Biden, DeSantis ya informó oficialmente por carta al gobierno que Florida deja de albergar a menores migrantes que cruzan la frontera sin la compañía de alguno de sus padres o tutor legal.
Según ABC News, esta negativa se mantendrá hasta que el gobierno federal lleve a cabo «cambios significativos» en sus políticas migratorias, centro de las críticas de los republicanos ante el aumento de la llegada de indocumentados a la frontera con México.
El proyecto de ley HB 1355, similar al presentado en el Senado estatal (SB 1808), recibió el visto bueno del Subcomité de Justicia Criminal y Seguridad Pública y prosigue con su proceso legislativo.
Lo presentó el representante republicano John Snyder, quien dijo que este proyecto de ley busca poner luz sobre cómo el gobierno federal reubica a los inmigrantes para que así el estado de Florida «tenga un asiento en la mesa para saber realmente quién entra y adónde va».
La pasada semana, la versión en el Senado fue aprobada por el Comité Judicial de la Cámara Alta estatal.
De esta forma pretende ampliar una ley aprobada en 2019 que castiga en Florida a las llamadas «ciudades santuarios», pero que fue debilitada en 2021 por un fallo de una jueza federal.
En septiembre, la magistrada Beth Bloom dejó sin efecto parte de una ley estatal que obligaba a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias en la detención de indocumentados.
La jueza afirmó que la ley iba en contra de una cláusula de la Constitución que establece que «ningún Estado de Estados Unidos podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de derechos».