La Ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista de Cataluña, aprobada definitivamente por el Congreso español el pasado 30 de mayo, entra en vigor este martes tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A partir de ahora, su aplicación queda en manos de los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa causas vinculadas a ese proceso independentista, es decir, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, así como más de 300 causas en los juzgados y tribunales de Cataluña.
La ley de amnistía borra las responsabilidades penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista de los últimos doce años.
La norma, en vigor desde hoy, establece que se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, pero hay discrepancias entre los juristas, quienes han cuestionado que pueda hacerse de forma automática.
Además, los fiscales del Tribunal Supremo comunicaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, «afecta a intereses financieros de la Unión Europea (UE)».
Esto concierne a varios de los dirigentes independentistas catalanes condenados en 2019, así como a otros que huyeron de España en 2017 para evitar la acción de la Justicia, tras la declaración unilateral de independencia, entre ellos, al entonces presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que aún lidera el principal partido independentista catalán, JuntxCat.
Los jueces preguntarán a las partes antes de aplicar la ley y entonces se conocerá la postura de la Fiscalía, que pretende mantener una unidad de actuación, aunque aún no se conoce cual será su posición respecto al delito de malversación, una decisión cuya última palabra estará en manos del fiscal general.
Además, los tribunales, que tienen dos meses para aplicar la ley, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y el proceso en el que estén trabajando quedaría en suspenso.
Para blindarse ante posibles cuestiones prejudiciales a la justicia europea, la ley establece en un artículo los delitos que quedan excluidos de la amnistía y delimita el perdón a la malversación y el terrorismo de mayor gravedad.
La aprobación de una ley de amnistía fue una condición que impusieron los partidos independentistas catalanes para apoyar en el Congreso la elección como presidente del socialista Pedro Sánchez, en 2023, ya que no contaba con mayoría suficiente.
Desde el Ejecutivo defienden que la aprobación de la ley de amnistía «ha sido una pieza fundamental para el cierre de una etapa de enfrentamiento y división en la sociedad catalana».
Sin embargo, la norma, apoyada por la izquierda y los partidos independentistas y nacionalistas de la Cámara, es rechazada de manera tajante por el conservador Partido Popular (PP) y por el ultraderechista Vox, que la tachan de inconstitucional y han anunciado recurso ante el tribunal de garantías.