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Ley Ángel: Colombia toma medidas contra la crueldad animal

La Ley Ángel fue aprobada mientras Colombia debate el componente de patrimonio cultural de algunas prácticas que supuestamente ponen en peligro el bienestar animal
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La ONG Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo acudió a las redes sociales el 12 de octubre de 2021 para denunciar el brutal desollamiento de un cachorro de seis meses en la localidad de Saboyá, Boyacá, en el noreste de Colombia.

«S.O.S. Nos quedamos sin palabras. Un drogadicto atacó a este cachorro y lo despellejó. Desde entonces no había recibido atención médica. Ahora lo hemos rescatado, pero por favor no nos dejen solos. Necesitamos salvarlo, y no tenemos los recursos para hacerlo», declaró la ONG en X, compartiendo una desgarradora imagen del perro, cuyo cuerpo había sido despellejado en 80%.

Según el diario El Colombiano, el agresor había tenido presuntas disputas con los dueños del perro, lo que derivó en violencia contra el animal como represalia. Sin embargo, aunque los dueños del perro denunciaron al sujeto ante la policía, no fue capturado.

¿Cómo nació la Ley Ángel en Colombia?

El perro, al que la ONG Mi Mejor Amigo bautizó como Ángel tras su rescate, experimentó graves contratiempos de salud tras el ataque, incluyendo desgarros musculares de su pata delantera izquierda, síndrome de Ehlers-Danlos, por el cual la piel se vuelve extremadamente frágil, insuficiencia renal y hemorragias severas.

Ángel con su veterinario Jhon Munevar. Marzo, 2022. Foto: Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo vía X.

El caso provocó una protesta masiva y, a través de donaciones de personas que se enteraron del caso en las redes sociales, Mi Mejor Amigo pudo cubrir todos los costos de la recuperación de Ángel.

«Decidimos que íbamos a luchar por él. El veterinario nos dijo ‘lleva cuatro días luchando por su vida, sigue de pie, vamos por ello’. Así que comenzamos su tratamiento. Creo que hemos gastado más de 50 millones de pesos colombianos (12.000 dólares) en su recuperación. Estuvo seis meses hospitalizado y se sometió a 15 cirugías y dos transfusiones de sangre», recordó Vivian Nieto, directora de Mi Mejor Amigo, en conversación con el diario El Tiempo en 2023.

El agresor de Ángel fue denunciado por la ONG ante la policía local el mismo día del rescate, pero no recibió ninguna sanción.

Senadora Andrea Padilla y Ángel. Foto: Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo vía X

Sin embargo, en honor al perro, la senadora colombiana Andrea Padilla propuso el 20 de julio de 2024 el proyecto de Ley Ángel, «para fortalecer la lucha contra el maltrato animal a través de acciones que garanticen la investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policiales sancionadores, al tiempo que ayudan a prevenir este tipo de comportamientos a través de iniciativas de sensibilización».

«El caso de Ángel fue muy especial, no solo por el componente de violencia extrema, sino porque no hubo justicia. Vivian tuvo que ver a este criminal prácticamente todos los días, sabiendo lo que hizo, viviendo lo que hizo, y sufriendo la ineficiencia e indolencia de nuestro sistema de justicia», dijo Padilla a Latin America Reports.

Ángel finalmente falleció el 18 de febrero de 2025, exactamente una semana antes de que la Ley Ángel fuera aprobada por unanimidad por el Congreso de Colombia.

Vivian Nieto y Ángel. Foto: Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo vía X

«Como activista, como mujer, como ser humano entregado a esta causa, es una sensación realmente hermosa. Saber que mi vida tiene sentido y que estoy siendo útil a los seres que más quiero en el mundo… animales», compartió Padilla.

¿Una cultura de maltrato animal?

En Colombia, los casos de maltrato animal han alcanzado máximos históricos en los últimos años. Según el Ayuntamiento de Bogotá, el número de casos de abuso denunciados aumentó 87% de 2023 a 2024.

Para Padilla, sin embargo, esto no implica necesariamente un aumento de la violencia contra los animales, sino una mayor prevalencia en la denuncia y denuncia.

«En los últimos años, creo que este aumento se debe principalmente a que más personas reportan casos. No siempre pueden denunciar a través de los canales oficiales, lo cual es un tema de incumplimiento, ya que las redes sociales no se han convertido en una plataforma para todo», afirmó la senadora.

«Y definitivamente creo que la gente está denunciando más porque está más indignada, y eso habla bien de la salud mental de una sociedad. Demuestra que la gente no tiene que ver un animal muerto, destruido, quemado o descuartizado para reconocer que se trata de un comportamiento problemático e ilícito, que debe ser condenado y requiere la intervención del Estado. Esto también refleja el impacto de los extensos esfuerzos de educación que hemos realizado a través de varios frentes para promover el respeto por los animales», agregó.

Ley Ángel

Ángel, 2023. Foto: Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo vía X

Colombia reconoció oficialmente la necesidad de la protección animal a través de la Ley 84 de 1989, mediante la cual el Estado adoptó el Estatuto Nacional de Protección Animal. En este sentido, el Estado se comprometía a proteger a todo tipo de animales del sufrimiento y el dolor, «causados directa o indirectamente por el hombre».

En 2010, el Estado también reconoció a los animales como seres sintientes, aunque no fue hasta 2016 que se delinearon medidas punitivas, que incluían penas de prisión de hasta 36 meses, inhabilitaciones de hasta tres años para profesiones o tenencia relacionadas con animales y multas, según la Universidad del Rosario.

Ahora, la Ley Ángel endurece estos componentes punitivos, con penas de prisión de hasta 56 meses, y multas más altas para los delincuentes de entre 30 y 60 años cuyas acciones resulten en la muerte de un animal.

«Siempre he dicho que defender a los animales es, por supuesto, un acto de empatía y compasión, un cambio cultural, pero también tiene que ver con la justicia, el castigo y la activación del aparato estatal», afirmó Padilla.

La Ley Ángel fue aprobada mientras Colombia debate el componente de patrimonio cultural de algunas prácticas que supuestamente ponen en peligro el bienestar animal. Las corridas de toros, por ejemplo, fueron prohibidas en el país en 2024, aunque algunos afirman que son intrínsecas a la identidad cultural de Colombia.

«Estar en contra de las corridas de toros se ha convertido en una tendencia en este país de hipócritas o brutos… Amenazamos con cárcel a los carteles taurinos, a esos honestos que arriesgan su vida en un ritual milenario en el que un toro nace para ser lidiado», escribió Aura Lucía Mera, escritora y periodista colombiana, en 2018.

Al ser consultado sobre cómo enfrentar estos argumentos que apelan al derecho fundamental de las personas a la cultura, la senadora Padilla destacó los matices de este debate.

«Es muy difícil para un congresista defender, con plena convicción, una práctica en la que las personas terminan muertas, con los intestinos colgando, con los ojos saltones, o donde los menores quedan heridos, sangrando… El argumento cultural ya no es suficiente. [Los congresistas que apoyan la tauromaquia] deben reconocer que, si bien puede ser cultura, la cultura no es intrínsecamente buena; Hay culturas negativas y dañinas: la esclavitud, la mutilación genital femenina, por ejemplo, son prácticas culturales negativas. Entonces, tienen que apelar a otros argumentos», explicó Padilla.

De todos modos, la senadora también explicó que sus colegas en el Congreso apoyaron el proyecto porque, más allá de la protección de los animales, sus electores les pedían que lo hicieran.

«La gente nos ayudó a hacer el trabajo en las regiones, y los congresistas me dijeron que de toda la agenda de derechos de los animales, los temas más importantes, los que pedían sus electores, eran la castración –Ley Esterilizar Salva– y la justicia –Ley Ángel Law».

La Ley de Castración Salva, aprobada en mayo de 2024 por el Congreso y también propuesta por Padilla, creó un programa nacional para la castración de perros y gatos en Colombia.

Foto: Andrea Padilla

Sin embargo, más allá de las medidas punitivas, la Ley Ángel también establece la Ruta de Atención al Maltrato Animal, que definirá el procedimiento para denunciar casos en toda Colombia, y la formación pedagógica para miembros de la fuerza pública y jueces.

«Entendemos que los operadores de justicia no son dioses, y no lo saben todo. Necesitan ser entrenados y más conscientes porque muchos pueden tener el conocimiento, pero les falta sensibilidad», explicó Padilla.

El gobierno también enfrentará desafíos en la implementación de la Ruta del Cuidado.

«Nuestro Estado es frágil y ni siquiera está presente en todos los rincones del país. Hay municipios donde no hay servicios públicos, ni escuelas, ni cobertura sanitaria, donde todavía hay que llevar el mensaje de protección animal y acción ciudadana. Los municipios donde hay conflicto armado, las zonas alejadas, están todos incluidos en esta Ruta de Atención», agregó la senadora.

Los derechos de los animales en la agenda pública

La rápida aprobación de la Ley Ángel fue atípica. Según explicó la senadora Padilla, es extremadamente raro que un proyecto de ley tenga tres debates en el mismo semestre, y mucho menos que se apruebe por unanimidad.

El equipo la senadora también ayudó a aprobar el pasado 18 de febrero la Ley Lorenzo, que busca proteger a aquellos perros que son utilizados en vocaciones de seguridad y vigilancia. Según la senadora, este proyecto de ley se redactó tras una afluencia de publicaciones en las redes sociales que destacaban el maltrato contra los animales utilizado por empresas de seguridad privada.

En cualquier caso, la educación sigue siendo un componente clave de la defensa de los derechos de los animales. Según la senadora Padilla, el «nacimiento» de una ley no termina cuando se hace realidad en el Congreso. Hay que asegurarse de que tenga su propia vida, su propia autonomía.

«Es decir, no se trata de dejar que se desarrolle por sí sola como una planta silvestre, sino de garantizar que las instituciones hagan su trabajo, que se cumplan los plazos legales, que las regulaciones sean adecuadas y que los contenidos pedagógicos sean adecuados. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo muy intenso, no solo de fiscalización política y apoyo a las instituciones, sino también de educación ciudadana», explicó la senadora.

Para los niños, la educación que resalte el respeto por todos los seres sintientes, incluidos los animales, es esencial para cultivar la inteligencia emocional y la compasión. Para los adultos, sin embargo, incluso puede prevenir la delincuencia y la violencia de género. Según los datos compartidos por la senadora, 41% de las personas condenadas por delitos violentos tienen antecedentes de maltrato animal, mientras que 81% de los hombres condenados por violencia de género también han maltratado a los animales.

Y aunque Colombia es uno de los países de la región latinoamericana con más precedentes legales en protección animal, otros, como Brasil y Argentina, también han logrado hazañas históricas.

En Argentina, el maltrato animal está penalizado desde 1954 a través de la ley 14.346 del mismo año, que también estableció multas y penas de prisión para los infractores. Sin embargo, en 2024, el presidente Javier Milei propuso la Ley Conan, llamada así en honor a su perro fallecido, y que introduciría penas más estrictas si se aprueba.

Con él, las penas de prisión para los maltratadores de animales se fijarían entre tres meses y tres años, y las multas oscilarían entre los cinco y los 20 salarios mínimos, mientras que los delitos implicarían la retención de suficiente comida y agua de los animales, su empleo para tirar de carruajes y su abandono.

Por otro lado, Brasil se encuentra entre un puñado de países de todo el mundo con la protección animal consagrada en su constitución, según Harvard Review of Latin America. El artículo 225 del documento prohíbe todas las prácticas que representen un riesgo para la función ecológica, provoquen la extinción de una especie o sometan a los animales a crueldad.

Con la Ley Ángel, entonces, Colombia se une a sus contrapartes regionales en el avance de la protección legal de los animales.

«Más que yo, creo que lo que hay detrás de esto es una sociedad que está madurando en su conciencia pública. Entonces, en lo político y en lo social, creo que es notable que el Congreso colombiano haya aprobado esta ley porque significa que hay una opinión pública muy crítica y sensible, capaz de hacerle entender a los congresistas que esto es importante», explicó la senadora Padilla.

Original en inglés en Latin American Reports. Versión en castellano para El Nacional por Salome Beyer Velez.

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