La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, informó hace unos días que se pidió a la Real Academia Española un estudio para adecuar la Constitución de España a un lenguaje inclusivo. Esto generó reacciones, tales como la del escritor Arturo Pérez Reverte, quien aseguró que abandonaría la Academia si se acepta la reforma.
Darío Villanueva, director de la RAE, afirmó a ABC que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión pero, independientemente, la RAE tiene la obligación de realizar el informe solicitado.
Han asegurado que dentro de la institución hay una tensión de relación personal entre los integrantes, “no una grieta en el criterio gramatical que tenemos claro”. El encargo “es una bomba de relojería para la RAE”, además de un disparate, indica un académico consultado por ABC.
Soledad Puertólas, escritora y miembro de la Academia, dijo que el problema está en la calle, en la prensa y en los bares. “Claro que hay que echar un vistazo a la Constitución y hablar de todo”, indicó a El País. Inés Fernández-Ordóñez afirmó que el debate está en la calle pues en los textos administrativos se puede hacer constar y recoger de una forma sensible la presencia de la población femenina.
Villanueva había manifestado que el informe, que ha dividido a la RAE, no estará lista al menos hasta octubre y será un trabajo serio.
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