Dos venezolanos son los encargados de la mesa de crisis de la pandemia del coronavirus y de las pruebas del covid-19, cuando, por ley, esas funciones le corresponden al Ministerio de Salud «tutelarlas», según publicó este lunes la versión en línea del Diario de Hoy, elsalvador.com.
Ese medio, que basa su información en un reporte divulgado recientemente, indica que el gobierno ha delegado funciones que no le corresponden por ley a terceros, en este caso a los suramericanos Sara Hanna y Miguel Arvelo, para el manejo de pruebas de covid-19.
De acuerdo con lo informado, son ellos (los suramericanos) quienes deciden sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y quienes han ordenado no dar resultados a pacientes que lo soliciten.
«Lo anterior quedó expuesto en el memorando 2020-9200-200, con fecha de envío de 1 de junio pasado a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, firmado por la coordinadora de Virología, Delmy Lisseth Recinos de Valdez; la jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública, Ruth Carolina Vasquez Cordova, y la jefa de Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Mónica Jeannette Barahona», afirma el medio.
«Delegados de Casa Presidencial»
En el documento, según el periódico, las profesionales salvadoreñas se refieren a Hanna y Arvelo como «delegados de Casa Presidencial» y como los encargados de la mesa de crisis.
Señaló que, de acuerdo con fuentes de este diario, Sara Hannes es la misma persona que el periódico digital El Faro menciona en un reportaje publicado el 11 de febrero de 2019, titulado «Nayib Bukele compartió asesores con la oposición venezolana y el PRI de Meade», mencionándola como asesora política, vinculada a la oposición venezolana.
El PRI es el Partido Revolucionario Institucional de México y José Antonio Meade es un político mexicano que fue candidato a la presidencia.
«Hannes y Arvelo son quienes dan las órdenes de qué pruebas hacer y cuáles no, según ese documento», apuntó.
Según la Fundación Nacional para el Desarrollo(Funde), «la información que ha circulado deja entrever indicios de manipulación de personas de Capres (Casa Presidencial), donde se han tomado decisiones sin un argumento técnico, resultando en la afectación de la ciudadanía, como el caso de suspender la recepción de pruebas provenientes de hospitales y unidades de salud».
«Que Capres someta al personal de salud, o de cualquier otra dependencia, a guardar silencio no solo viola la libertad de expresión, sino que ejerce una situación de amenaza a la estabilidad laboral de los empleados ante cualquier intento de denuncia sobre las deficiencias que muestran en el manejo de la pandemia», agregó.
De acuerdo con datos oficiales, en El Salvador se registran 56 fallecidos por el coronavirus, 1.687 casos activos, 1.233 sospechosos y 1.361 personas se han recuperado.