El presidente brasileño, Michel Temer, afirmó este miércoles que no permitirá que se paralice el gobierno, en una aparente alusión a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de investigar a ocho de sus ministros, que además alcanza a un centenar de políticos.
«En las eventuales divergencias o interpretaciones equivocadas, quien dará la palabra final será la Justicia», pero lo que «no podemos hacer jamás es paralizar al gobierno», dijo Temer, casi con las mismas palabras, en dos actos públicos en que participó hoy.
«El gobierno ejecuta, el Congreso legisla y el Poder Judicial juzga», pero «nada puede paralizar» al Ejecutivo, subrayó en ambas ocasiones.
El mandatario, sin embargo, no se refirió directamente a la decisión tomada la noche de este martes por el juez Luiz Fachin, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema, que autorizó el inicio de sendas investigaciones contra un centenar de políticos, entre los cuales figuran ocho ministros del actual gobierno.
Hace unas semanas, ante la inminencia de esa decisión judicial, Temer anunció que no pretende destituir a ninguno de sus ministros por el hecho de ser investigado, aunque sí llegaría a ese extremo en caso de que las acusaciones sean aceptadas por los tribunales.
En uno de los actos, Temer estuvo hoy acompañado por el ministro de Industria y Comercio Exterior, Marcos Pereira, uno de los ocho miembros de su gabinete que pasarán a ser investigados por presunta corrupción por el Ministerio Público y la Policía Federal.
Además de Pereira, la justicia investigará a los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha; Secretaría General, Wellington Moreira Franco; Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab; Integración Nacional, Helder Barbalho; Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes; Agricultura, Blairo Maggi; y Ciudades, Bruno Araújo.
Según su agenda oficial, Temer no tiene previstos más actos en público durante esta jornada, que ha comenzado con la política del país estremecida por la decisión del Supremo, que se apoya en los testimonios prestados en el marco de un acuerdo de cooperación por 77 ex directivos del grupo Odebrecht.
Esa empresa, una de las más importantes constructoras del país, ha admitido que incurrió en sobornos para obtener contratos de obra pública durante décadas, y que lo hizo en Brasil y también en muchas de sus operaciones en el exterior.