Estos son algunos de los retos, según expertos consultados, para quien ocupe la Casa de Nariño:
El politólogo Juan Carlos Ruiz indicó que los principales retos serán mejorar la seguridad y la defensa y propone que se cree un ministerio de Seguridad Ciudadana. “Con la firma del acuerdo de paz la prioridad es trabajar en la seguridad. Con la violencia en los últimos tiempos se ha demostrado que hay un grave control de los territorios, la Fuerza Pública se muestra débil y las bandas han tomado fuerza”, dijo.
“Se debe hacer todo un revolcón en la seguridad. Tener presencia estatal en zonas de frontera. La violencia en Tumaco, ejercida por ‘Guacho’, y en el Catatumbo, evidencian que hay debilidad en la imagen de seguridad en el país. Tenemos problemas geográficos muy graves, pero el problema está ahí en el campo y en la ciudad. No debe haber aumento de homicidios, el famoso posconflicto no ha llegado”, agregó.
Ariel Ávila, analista político y director de Paz y Reconciliación, sotuvó que se deberá agilizar el reglamento de la JEP y dar cumplimiento de los acuerdos de paz.
Ávila indicó que se debe solucionar la extradición de Jesús Santrich. “Si llega el pedido de extradición se debe tener en cuenta primero a las víctimas, que no pase lo de los ‘paras’ que se fueron a Estados Unidos sin haber confesado sus crímenes y quedaron más preguntas que respuestas sobre la violencia”. El analista agrega que se debe dar una evidente lucha contra la corrupción y en este orden, avanzar en casos de connotación nacional como el escándalo de Odebrecht.
Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, consideró que uno de los principales retos del próximo Presidente será contribuir con mantener la inflación bajo control. “Se debe reducir el déficit fiscal del Estado y un recorte de gastos del Estado que no afecte los temas sociales. Se debe impulsar la economía, que viene estancada, a través de nuevas políticas”, dice. Cuervo señala que además se deben asegurar los recursos para el posconflicto, que están proyectados para 15 años, y lograr nuevos aportes.
María Teresa Palacios Sanabria, abogada y experta en migraciones y derechos humanos, dijo que uno de los principales retos humanitarios para el gobierno es otorgar garantías a los migrantes venezolanos, fenómeno que viene disparado y que no se va a solucionar en corto plazo sino que va a tomar toda una década.
«En temas migratorios el reto será sacar un marco normativo estructurado y compatible con los tratados internacionales que tiene Colombia. Necesitamos una ley completa e integral porque tenemos una muy precaria que es la 1465 de 2011 (ley para el sistema nacional de migraciones) que no tienen un derecho reconocido a los extranjeros. El gobierno ha actuado bien pero no ha sido efectivo. Se debe tener en cuenta las normas de la Corte Constitucional, evitar el riesgo de trata de personas y el tráfico de migrantes”, agregó.
César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, destacó que se debe dar plena aplicación a ley estatutaria de salud y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“La salud es un derecho fundamental autónomo y el Estado debe dar garantía de este derecho. La prioridad para las organizaciones y las Eps es pensar en el beneficio social y colectivo y no solo el de unos pocos”, puntualizó.
En temas de salud Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, indicó que la salud es un derecho fundamental. “Hay una ley estatutaria pero los pacientes siguen teniendo dificultades de acceso, barreras para la atención y los prestadores están en crisis financiera”.
“El mensaje fundamental que queremos plantear es el del derecho fundamental a la salud. No puede haber ningún tipo de limitación. Se debe pensar que la salud no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud o las Eps sino de un estado en su conjunto”, dijo.
Nieto sostiene que se debe repensar el modelo de protección social. “No podemos seguir con subsidios o atención parcializada. Se debe aportar a una generación saludable donde niños, ancianos y toda la población vulnerable sean atendido con prioridad”, dice.
Sobre la propuesta de eliminar las Eps, Nieto sostiene que el “Estado es el garante principal de esos derechos, realmente las Eps viven una situación crítica y se debe buscar una alternativa. De tajo no sería prudente eliminarlas, no es cuestión de acabarlas sino de hacer una transición, que el Estado sea el principal responsable de la garantía de ese derecho, el gobierno debe ejercer la función de rectoría y cumplir el ejercicio de control de calidad. Una cosa clara: el que roba en salud no es solamente un ladrón sino que se debe configurar como intento de homicidio por tratar de poner en riesgo la vida”.