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El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó este miércoles su «renuncia irrevocable» ante la orden de la justicia especial de paz de liberar a uno de los líderes de las FARC, detenido desde abril de 2018 y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.
«Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden (liberar al líder rebelde Jesús Santrich), por ello he presentado renuncia irrevocable a mi cargo de fiscal general de la nación», dijo Martínez en una declaración en Bogotá.
Su dimisión ocurre horas después de que la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a la Fiscalía la «libertad inmediata» de Santrich, preso en una cárcel en Bogotá luego de ser capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del pacto en 2016.
El tribunal surgido del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC tomó la determinación por considerar que las pruebas en contra de Santrich «no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización».
Además, porque asegura que Estados Unidos no le envió la evidencia sobre la presunta participación de Santrich, el rebelde de mayor rango detenido tras el acuerdo de paz, en el envío de droga.
Se «adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos (…), las pruebas son concluyentes, inequívocas», afirmó Martínez, quien llamó a los colombianos a protestar contra la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El histórico pacto de paz blinda a los ex guerrilleros frente a los requerimientos de Estados Unidos, pero establece que aquellos que cometan delitos después de la firma del acuerdo, el 24 de noviembre de 2016, serán juzgados por la justicia ordinaria.
Martínez, un reconocido abogado de 65 años de edad, ha afrontado desde diciembre el pedido de renuncia de diversos sectores políticos y ciudadanos por revelaciones periodísticas que lo vinculan al escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.
Las publicaciones sugirieron que Martínez conoció las irregularidades de la constructora cuando era abogado de Corficolombiana, socio de Odebrecht en el país, y que no denunció.
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