Los venezolanos que están privados de libertad en Bogotá, Colombia, se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad por la falta de atención en salud y por la incomunicación con sus familiares.
Así lo reveló una investigación realizada por la Procuraduría General, en la que entrevistó a 87 internos venezolanos recluidos en las cárceles La Modelo, La Picota, Distrital y El Buen Pastor, así como en las Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar, Usaquén y Engativá, presos por diferentes delitos.
La mayoría están detenidos por hurto (42%) y por tráfico de drogas (27%).
El Ministerio Público identificó que faltan acciones diplomáticas por parte del gobierno de Venezuela para garantizar la protección de sus ciudadanos presos en Colombia.
Los extranjeros que están detenidos necesitan un apoyo consular que propicie un mejor contacto con sus familiares, que en unos casos se encuentran en Venezuela, y en otros no tienen legalizado su estatus migratorio en el país, de acuerdo con la Procuraduría.
Además, en cuatro de estas cárceles hay limitaciones para los servicios de salud de 67 hombres y 20 mujeres; y aunque en algunos casos requieren atención especializada, no han logrado ser atendidos por un médico.
La Procuraduría le pidió al gobierno que adopte un plan especial de trabajo que permita atender la situación de los ciudadanos venezolanos privados de la libertad, hacer seguimiento a sus condiciones, entablar acciones diplomáticas para garantizar la protección de sus derechos humanos y diseñar una estrategia para prevenir y controlar los efectos de un incremento en la población reclusa de nacionalidad venezolana.
El órgano de control solicitó que se faciliten los mecanismos para que estos ciudadanos puedan comunicarse de manera virtual con sus familiares en Venezuela, ante las dificultades que enfrentan para tener una comunicación telefónica.
Además, la Procuraduría General solicitó a las autoridades penitenciarias buscar una dieta diferenciada según el tipo de enfermedad que los aqueje.
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