El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respaldó el miércoles el proceso de paz que adelantan dos pandillas rivales en el convulsionado puerto de Buenaventura (suroeste), cuando el gobierno explora acuerdos de sometimiento con las organizaciones del narco a cambio de beneficios judiciales.
Las bandas juveniles Shottas y Espartanos acordaron una tregua a comienzos de septiembre con la mediación de la Iglesia Católica y el gobierno izquierdista, en esta ciudad con una de las peores tasas de homicidios de Colombia (61,6 por cada 100.000 habitantes en 2021).
«El gobierno avala un proceso de negociaciones entre dos agrupaciones que poco tienen de política en el sentido clásico de palabra, pero mucho de organización juvenil armada, excluida y violenta», dijo Petro durante un acto público en el puerto más importante de Colombia sobre el Pacífico, de mayoría afro (91%), pobre y abatido por la violencia del narcotráfico.
«Es un proceso inédito. Un proceso de paz urbano no se ha hecho en Colombia», agregó el mandatario frente a representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea en un evento al que no asistieron voceros de las pandillas.
La tregua se dio luego de una visita del mandatario a Buenaventura a comienzos de septiembre para lanzar su programa de paz total, a través del cual aspira extinguir el último conflicto armado interno del continente, desmontar a los ejércitos del narco y desarmar rebeldes.
Antes de este pacto de no agresión los bandos trazaban «fronteras invisibles» en las barriadas del puerto con una advertencia de muerte para quien las cruzara. Los vecinos incluso llegaron a grabar enfrentamientos con armas automáticas en las calles de esta ciudad de 300.000 habitantes, enmarcada en una selva exuberante.
Por el puerto pasa 40% del comercio internacional de Colombia y es una codiciada ruta del narcotráfico hacia Centroamérica y México. Surgidas de la escisión de una poderosa organización de narcotraficantes, autoridades estiman que Shottas y Espartanos tienen entre 400 y 600 miembros cada una.
Según el gobierno la ciudad completa 85 días sin homicidios ni enfrentamientos entre pandilleros. «Un éxito que se debe no al azar sino a la decisión de agrupaciones, mayoritariamente de jóvenes, de no matarse entre sí (…) de dar un espacio a la paz», celebró Petro.
«Laboratorio de paz»
En paralelo, el gobierno negocia en Venezuela con delegados del ELN, la última guerrilla reconocida del país y también ha tenido acercamientos con los rebeldes que se apartaron del pacto que desarmó a la guerrilla FARC en 2017.
Buenaventura será «un laboratorio de paz» donde el gobierno buscará «procedimientos de acogimiento a la justicia» para los pandilleros, anticipó Petro.
En el pasado, el presidente se ha referido a posibles beneficios jurídicos como evitar la extradición a Estados Unidos para quienes entren al proceso y dejen de delinquir.
Monseñor Jaramillo, quien ha sido un representante clave para el acercamiento entre los dos grupos ilegales, manifestó en un boletín que los pandilleros «quieren acogerse a esta propuesta de paz, porque están cansados de la guerra; están pensando en sus hijos, en sus esposas, en su familia».
«En Buenaventura llevábamos más de 2 años tratando de hacer un acercamiento con las bandas y no era posible, porque no había un marco jurídico ni una intención del Estado de acogerlos», agregó Jaramillo.
Aunque varios grupos armados han expresado su deseo de acogerse a la «paz total», Colombia sigue atravesando un agudo rebrote de violencia luego del acuerdo con las FARC.
El ejercito sostiene combates con los disidentes del pacto casi a diario mientras que ambientalistas, sindicalistas y otros líderes sociales siguen siendo blanco de asesinatos selectivos que dejan 199 víctimas en lo corrido del año.
Seis décadas de conflicto armado dejan más de nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados, y la violencia sigue su curso.