protestas en Cuba
Foto: Archivo

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó este jueves que en 2022 se produjeron «más de 5.499 acciones represivas» en el país caribeño y denunció un aumento de las detenciones arbitrarias de mujeres.

El informe anual de la ONG, con sede en Madrid, advirtió que «la situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo de extrema gravedad. La represión se mantiene en niveles preocupantes, dotándose el Estado de nuevos mecanismos legales para impedir o castigar cualquier expresión de descontento ciudadano».

El OCDH registró el año pasado «al menos 1.354 detenciones arbitrarias, de ellas 832 correspondieron a mujeres, la cifra más alta desde 2018».

«Se documentaron además más de 697 acciones represivas contra periodistas independientes. Destacando las amenazas, vigilancia, las citaciones y las restricciones de datos móviles y telefonía», apuntó en el documento.

ONG denunció sobre la consolidación de patrones

Igualmente, la ONG denunció «la consolidación de patrones como la represión más allá de la oposición y sociedad civil, que ha mantenido su escalada hacia sectores de la población no vinculados tradicionalmente a la oposición política».

Del mismo modo, el informe destaca que «otro patrón predominante» en 2022 fue «el encarcelamiento o exilio forzoso de activistas y opositores». Además de la retención o sitio a activistas y opositores en sus domicilios, de manera ilegal, para impedir el ejercicio de sus actividades y derechos.

«Se documentaron al menos 1.447 retenciones de activistas, opositores o familiares de presos en sus viviendas», según la OCDH.

El informe añade que Cuba terminó 2022 con «al menos 976 presos políticos o de conciencia. La mayoría relacionados con las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 y protestas posteriores».

En ese sentido, la ONG solicitó crear «un grupo de seguimiento» a la situación de los derechos humanos en Cuba, formado por Estados Unidos, la Unión Europea, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que este grupo «escuche a la sociedad civil independiente».


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